Delitos contra el patrimonio en el ordenamiento jurídico

Delitos contra el patrimonio en el ordenamiento jurídico

El Título XIII del Código Penal español está dedicado a los Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, comprendiendo una serie de infracciones que afectan la esfera económica de las personas y la estabilidad del sistema económico. Estos delitos se dividen en delitos patrimoniales, que lesionan directamente el patrimonio de una persona, y delitos contra el orden socioeconómico, que pueden afectar la estructura económica de la sociedad. Los delitos patrimoniales se clasifican en aquellos que buscan un beneficio económico a expensas de terceros y aquellos que no persiguen enriquecimiento, como los daños. En esta sección, nos centraremos en los delitos de apoderamiento, que implican la apropiación indebida de bienes ajenos.

Protección del patrimonio y objeto de los delitos patrimoniales

Los delitos patrimoniales protegen el patrimonio, que se define como el conjunto de bienes, derechos, deudas y obligaciones de una persona. Para que se considere que ha ocurrido un delito patrimonial, debe haber un daño económico a la víctima. Los delitos de apoderamiento se enfocan en bienes y derechos con valor económico, que son el objeto material de estos delitos. La protección del patrimonio como bien jurídico resuelve antiguas controversias doctrinales sobre la defensa de la propiedad o la posesión, y permite incluir situaciones como la sustracción de cosa propia, que afecta la posesión sin alterar la propiedad.

Normas comunes y exenciones en delitos patrimoniales

Hay normas comunes a todos los delitos patrimoniales, como la exención de responsabilidad penal, aunque no civil, para familiares directos que no estén en proceso de separación legal o de hecho y que cometan estos delitos entre sí sin violencia, intimidación o abuso de vulnerabilidad. Además, se penalizan los actos preparatorios de delitos como robo, extorsión, estafa o apropiación indebida, con penas menores en uno o dos grados a las del delito consumado.

El delito de hurto y sus particularidades

El hurto es un delito que consiste en la sustracción de una cosa mueble ajena sin el consentimiento de su propietario, con la intención de incorporarla al propio patrimonio. El objeto material debe ser una cosa mueble de valor económico, y la acción típica implica tomar la cosa, sacándola del ámbito de protección del dueño. El elemento subjetivo es el ánimo de lucro, y en situaciones excepcionales, como el "hurto famélico", puede aplicarse el estado de necesidad como causa de justificación. Existen tipos agravados de hurto, como la sustracción de bienes de valor artístico, histórico o cultural, o la implicación de menores en la comisión del delito, que acarrean penas más severas.

Distinción entre robo y hurto

El robo se diferencia del hurto por el empleo de fuerza en las cosas o violencia e intimidación en las personas para efectuar el apoderamiento. Es un delito más grave que el hurto, con penas más severas y considerado siempre como delito grave o menos grave, independientemente del valor de lo sustraído. El robo puede ser con fuerza en las cosas, utilizando medios específicos para acceder al objeto deseado, o con violencia o intimidación, que puede ocurrir durante la comisión del delito, en la huida o contra quienes intenten ayudar a la víctima. El robo impropio se da cuando el medio comisivo se utiliza tras haber realizado el apoderamiento.