Fundamentos Jurídicos y Derecho Aplicable
El Tribunal Constitucional basa su análisis en el Código Tributario peruano y en la jurisprudencia pertinente, incluyendo la propia Sentencia N° 193/2022, para determinar si se respetaron los procedimientos de notificación y el derecho al debido proceso. Se examinan los principios constitucionales del derecho a la defensa y la pluralidad de instancia, concluyendo que SUNAT actuó conforme a las normativas vigentes y que, por tanto, no se produjo una vulneración de los derechos de la empresa demandante.Razonamiento y Coherencia en la Argumentación del Tribunal
El Tribunal Constitucional fundamenta su fallo en la consistencia de los argumentos y en la evidencia presentada, asegurando que las notificaciones se realizaron de acuerdo con la ley. Se analiza la congruencia entre los hechos probados y la normativa aplicable, utilizando un razonamiento lógico y sistemático para determinar que no existió una infracción de los derechos constitucionales de la empresa, lo que lleva a la desestimación de la demanda de amparo.Resultado y Efectos de la Decisión Judicial
La decisión del Tribunal Constitucional fue declarar infundada la demanda de amparo interpuesta por David C. Álvarez Sociedad Colectiva Importaciones Repinsa, ratificando la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esto confirma que las notificaciones realizadas por SUNAT, tanto en su página web como por cedulón en el inmueble embargado, fueron válidas y que las resoluciones coactivas emitidas son legales y efectivas.Análisis Crítico de la Sentencia
La sentencia del Expediente N° 02279-2019-PA/TC demuestra un examen meticuloso del conflicto entre la empresa y SUNAT. La resolución del Tribunal Constitucional, alineada con la legislación y los procedimientos establecidos, se considera justa y adecuada al confirmar la legalidad de las notificaciones. No se detectan deficiencias en el razonamiento del tribunal ni en la consideración de los argumentos, lo que indica que la sentencia está bien fundamentada y se adhiere al marco legal vigente.
