La función administrativa en el Estado

Definición y Elementos de la Función Administrativa

La función administrativa constituye una de las actividades fundamentales del Estado, cuyo propósito es la consecución de metas de seguridad, desarrollo y bienestar social. Esta función es tan crucial como la creación de leyes y la garantía de su cumplimiento para el progreso y la estabilidad de la sociedad. Se puede examinar desde dos enfoques: el formal, que se refiere a las acciones del Poder Ejecutivo, y el material, que se enfoca en el contenido y efectos de dichas acciones. A nivel formal, la función administrativa no distingue entre los distintos actos del Ejecutivo, ya que no todos tienen el mismo impacto jurídico. Por ello, es esencial identificar un criterio que permita comprender la naturaleza jurídica de la función administrativa, la cual se manifiesta principalmente a través del "acto administrativo", un instrumento que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones.

Clasificación de las Funciones del Estado

Tradicionalmente, las funciones del Estado se dividen en tres categorías: legislación, jurisdicción y administración. La legislación se encarga de la creación de normas generales y abstractas; la jurisdicción se ocupa de su interpretación y aplicación a casos específicos; y la función administrativa se dedica a la implementación práctica de los objetivos estatales. Según el jurista Paul Laband, la administración pública representa la acción del Estado, en contraste con la legislación y la jurisdicción, que serían la expresión de la voluntad y el pensamiento del Estado, respectivamente. Esta distinción es crucial para comprender que la función administrativa no se limita a la mera ejecución de leyes, sino que también incluye la realización de actos materiales y jurídicos que inciden directamente en situaciones individuales.

Alcance de la Ejecución en la Función Administrativa

Aunque la ejecución de leyes es un componente esencial de la función administrativa, no la define en su totalidad. Esta función abarca tanto la implementación material de las leyes como la realización de actos jurídicos que no derivan directamente de una ley. Por ejemplo, el nombramiento de un funcionario constituye un acto administrativo que, si bien no es legislativo ni jurisdiccional, tiene efectos jurídicos concretos. Así, la función administrativa comprende una variedad de actividades que van más allá de la simple ejecución de normativas, incluyendo acciones discrecionales y la celebración de contratos administrativos.

Relaciones Jurídicas en la Función Administrativa

Desde otra perspectiva, la función administrativa se relaciona con las interacciones jurídicas entre el Estado y los ciudadanos, principalmente a través del Poder Ejecutivo. Aunque estas interacciones son parte integral de la actividad administrativa, no constituyen su único propósito. Además, esta visión no es suficiente para discernir la naturaleza jurídica de la función administrativa, que se distingue de la legislativa y la jurisdiccional. En su esencia material, la función administrativa implica la ejecución de actos materiales y jurídicos que establecen, reconocen, alteran o finalizan situaciones jurídicas individuales, siempre dentro del marco de un ordenamiento jurídico establecido.

Distinción entre Función Administrativa y Otras Funciones Estatales

La función administrativa se diferencia de la legislativa y la jurisdiccional por los efectos jurídicos específicos que produce. Mientras que la legislación crea normas de carácter general y la jurisdicción resuelve conflictos proporcionando estabilidad al orden jurídico, la administración opera de manera continua, con la capacidad de prevenir conflictos y llevar a cabo acciones específicas. La función administrativa no presupone una controversia previa ni tiene como objetivo principal la resolución de disputas, sino que se enfoca en la definición y gestión de situaciones jurídicas para facilitar la realización de otros actos administrativos.

La Política y la Administración en la Función del Poder Ejecutivo

La distinción entre política y administración es significativa para entender las funciones del Estado. El Poder Ejecutivo se analiza desde dos ángulos: como ente político y como órgano administrativo. En su rol político, el Ejecutivo busca asegurar la existencia y el progreso del Estado; en su función administrativa, aplica la ley a situaciones concretas. Los actos políticos, aunque sean ejecutados por órganos políticos o incidan en los derechos políticos de los individuos, conservan su carácter administrativo o legislativo. La diferencia entre actos políticos y administrativos se basa en la finalidad y el contexto en el que se realizan, más que en su naturaleza jurídica.