Fundamentos de la Democracia en el Estado Peruano
El Estado peruano, como democracia representativa, se basa en el principio de igualdad y libertad de todos los ciudadanos, así como en el respeto a los derechos políticos que facilitan la participación ciudadana en la gestión pública. En este sistema, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, y los asuntos del Estado deben ser de conocimiento y acceso público. Los objetivos de la democracia incluyen la protección y garantía de los derechos fundamentales, la promoción de la participación activa de la ciudadanía en la vida comunitaria y la consolidación de un Estado de derecho que limite el poder estatal y asegure la igualdad ante la ley.División de Poderes en la República del Perú
La estructura del Estado peruano se fundamenta en la división de poderes, compuesta por el Poder Ejecutivo, liderado por el Presidente; el Poder Legislativo, conformado por el Congreso de la República; y el Poder Judicial, encargado de administrar justicia. Además, existen organismos constitucionales autónomos, así como gobiernos regionales y locales. Todos estos entes son elegidos por sufragio universal, directo y secreto. Esta división de poderes es esencial para prevenir la concentración de autoridad en una sola entidad y para establecer un sistema de controles y equilibrios que asegure la gobernabilidad y la democracia.La Importancia de los Organismos Constitucionales Autónomos en Perú
Los organismos constitucionales autónomos en Perú juegan un rol vital en la supervisión y regulación del Estado. Entre ellos se encuentran la Contraloría General de la República, que audita el uso de fondos públicos; el Tribunal Constitucional, que vela por la supremacía de la Constitución; el Ministerio Público, que persigue delitos y defiende la legalidad; y la Defensoría del Pueblo, que protege los derechos de los individuos y supervisa la función pública. Estos organismos son fundamentales para mantener la integridad del sistema democrático, proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar la transparencia y la correcta administración de la justicia y los procesos electorales.
