Impuesto sobre el Patrimonio

Determinación de la Base Liquidable en el Impuesto sobre el Patrimonio

La base liquidable es un elemento esencial en el cálculo del Impuesto sobre el Patrimonio, ajustándose a las normativas del Artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio (LIP). Para los contribuyentes con obligación tributaria personal, la base imponible se reduce aplicando un mínimo exento determinado por la legislación de cada Comunidad Autónoma. En caso de no existir una normativa autonómica específica, se aplica un mínimo exento general de 700.000 euros. Este umbral de exención se aplica tanto a residentes como a no residentes que tributan en España, ya sea por obligación personal o real. El Artículo 29 de la LIP establece que el impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada año, tomando en cuenta el valor del patrimonio del contribuyente en esa fecha.

Cálculo de la Deuda Tributaria y Límites de Contribución

La deuda tributaria del Impuesto sobre el Patrimonio se calcula a partir de la cuota íntegra, obtenida al aplicar a la base liquidable los tipos impositivos fijados por la Comunidad Autónoma o, en su defecto, los tipos estatales, de acuerdo con el Artículo 30 de la LIP. El Artículo 31 establece un límite a la carga fiscal, indicando que la suma de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio y las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no debe superar el 60% de la base imponible del IRPF. Para este cálculo, se excluyen determinadas ganancias y pérdidas patrimoniales y dividendos. Si se excede este límite, se reduce la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio hasta en un 80%, repartiendo proporcionalmente la reducción entre los miembros de una unidad familiar que elijan la tributación conjunta en el IRPF.

Deducciones por Doble Imposición Internacional y Bonificaciones

El Artículo 32 de la LIP contempla la deducción por doble imposición internacional, permitiendo a los contribuyentes restar de su cuota del Impuesto sobre el Patrimonio el importe menor entre lo pagado en el extranjero o el resultado de aplicar el tipo medio efectivo a la base liquidable gravada fuera de España. Las Comunidades Autónomas pueden establecer deducciones adicionales para sus residentes. Por otro lado, el Artículo 33 otorga una bonificación del 75% en la cuota del impuesto correspondiente a bienes situados en Ceuta y Melilla, sujeta a condiciones y limitaciones para no residentes. Es importante señalar que, a partir del 1 de enero de 2021, se suprimió la bonificación general del 100% en la cuota íntegra para todos los contribuyentes.

Relación del Impuesto sobre el Patrimonio con Otros Tributos

El Impuesto sobre el Patrimonio tiene conexiones con otros tributos como el IRPF, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Las normativas sobre individualización de rentas, valoración de rentas en especie y presunciones de titularidad son aplicables de manera coherente entre estos impuestos. Además, se definen reglas específicas para la valoración de inmuebles y el tratamiento de las comprobaciones de valores. Si una comprobación de valores resulta en un valor superior al declarado, este valor más alto se utilizará en futuras liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio.

Gestión y Obligaciones Formales del Impuesto sobre el Patrimonio

La administración del Impuesto sobre el Patrimonio, que incluye la liquidación, recaudación, inspección y revisión, es competencia del Estado, aunque las Comunidades Autónomas ejercen ciertas competencias conforme al Artículo 35 de la LIP. Los contribuyentes están obligados a presentar declaraciones y autoliquidaciones, y en su caso, ingresar la deuda tributaria según lo establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda. El Artículo 37 señala que deben declarar aquellos cuya cuota a ingresar resulte positiva o cuyo patrimonio exceda los 2.000.000 euros. La declaración se puede efectuar a través de modalidades simplificadas o telemáticas, y desde 2021, el Impuesto sobre el Patrimonio se mantiene vigente de forma indefinida tras la derogación del Real Decreto-ley 13/2011.