Los impuestos en México financian el gasto público y varían desde federales como ISR e IVA hasta estatales y municipales. El impuesto digital, reciente en la legislación, afecta a servicios en línea y busca equidad fiscal. Los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones tributarias para evitar sanciones severas, y el sistema fiscal se basa en principios de justicia y equidad, regulado por leyes y entidades como el SAT.
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Los impuestos federales en México incluyen el ISR, IVA, IEPS y ISAN
Los impuestos estatales en México son determinados por cada entidad federativa y pueden incluir impuestos sobre nóminas, hospedaje y adquisición de inmuebles
Los impuestos municipales en México son establecidos por los gobiernos locales y pueden abarcar el impuesto predial y el de alumbrado público, entre otros
El impuesto digital en México grava a las empresas que ofrecen bienes o servicios digitales y no tienen presencia física en el país
La tasa del impuesto digital es del 16% y las empresas afectadas deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con sus obligaciones fiscales a través del SAT
El impuesto digital busca nivelar el campo de juego entre empresas nacionales y extranjeras y asegurar una justa contribución al fisco de las operaciones digitales
Los contribuyentes en México tienen la obligación de contribuir al financiamiento del gasto público de acuerdo a su capacidad económica
El ISR se calcula en función de los ingresos obtenidos por diferentes fuentes, incluyendo salarios, servicios profesionales, arrendamiento de bienes inmuebles y ganancias por inversiones
Los contribuyentes deben pagar el IVA por la adquisición de bienes o servicios
La evasión fiscal es un delito en México y puede incluir la omisión de ingresos, presentación de declaraciones inexactas, entre otros
Las sanciones por evasión fiscal pueden incluir multas, recargos y en casos graves, penas de prisión
Las sanciones tienen como objetivo disuadir la evasión y garantizar la recaudación equitativa de los recursos necesarios para el gasto público y el bienestar social