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La propiedad y el contrato son fundamentales en el derecho y la economía, evolucionando desde conceptos básicos hasta instituciones complejas que garantizan la paz y la estabilidad económica. La propiedad, con raíces en el derecho romano, otorga el 'ius' de uso exclusivo de bienes. El contrato, basado en la 'fides', es un compromiso de cumplimiento que asegura la paz social. Ambos enfrentan desafíos en la legislación moderna, donde la inflación de leyes amenaza la certeza jurídica y la eficacia del sistema legal.
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La propiedad se entendía originalmente como la posesión y defensa personal de bienes
Penalización de delitos como el hurto
El Estado protege la propiedad a través de la penalización de delitos como el hurto
Intervención de las autoridades para resguardar la propiedad
Las autoridades tienen la responsabilidad de intervenir para proteger la propiedad
La propiedad es un derecho que otorga al propietario el poder de decidir sobre el uso y disfrute de sus bienes
El contrato se desarrolló originalmente para asegurar posiciones y prevenir conflictos
El contrato se basa en la promesa y la confianza mutua entre las partes involucradas
Aunque su eficacia económica puede ser limitada, el derecho le otorga eficacia jurídica al contrato convirtiéndolo en un mandato recíproco y un instrumento de paz social
Históricamente, el derecho se ha manifestado a través de leyes y costumbres, pero ha sufrido una expansión en la creación de códigos y una proliferación de leyes
La inflación legislativa puede llevar a una devaluación de la ley y a una complejidad que obstaculiza su conocimiento y aplicación efectiva
La certeza jurídica, piedra angular de la función legislativa, se ve amenazada por el exceso normativo y la complejidad del sistema legal
El juicio es un elemento clave del sistema jurídico, que precede y complementa a la ley
El juez convierte mandatos generales en órdenes específicas y asegura su cumplimiento al interpretar y aplicar la ley
La ejecución forzosa es un mecanismo indispensable para que el derecho alcance su finalidad y garantice la protección de los derechos, cerrando el ciclo del proceso legal