El modelo económico del Perú

La economía social de mercado en Perú se basa en la libertad de iniciativa privada y la regulación estatal para el bienestar social. Se enfoca en la defensa de la competencia, equidad empresarial, protección al consumidor, inversión y sostenibilidad ambiental. La Constitución peruana establece un marco para la propiedad y la administración fiscal, promoviendo un desarrollo equilibrado y justo.

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Fundamentos de la Economía Social de Mercado en Perú

La Constitución Política del Perú consagra la economía social de mercado como el modelo económico del país, donde la iniciativa privada opera con libertad, pero dentro de un marco regulado por el Estado para garantizar el bienestar social. El Estado peruano asume un rol activo en la orientación del desarrollo económico, priorizando sectores estratégicos como el empleo, la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos y la infraestructura. Este modelo busca un equilibrio entre la libertad de mercado y la intervención estatal para asegurar una distribución equitativa de los beneficios económicos y la promoción de la justicia social.

Mercado al aire libre con puestos de frutas y verduras frescas, vendedores atendiendo y clientes comprando en un día soleado.

Funciones Estatales en la Economía y Defensa de la Competencia

El Estado peruano tiene la responsabilidad de fomentar la creación de riqueza y proteger las libertades de trabajo, empresa, comercio e industria, siempre que estas no contravengan la moral, la salud o la seguridad pública. Se compromete a brindar oportunidades a los sectores más vulnerables, con especial atención en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. En su papel de defensor de la libre competencia, el Estado prohíbe prácticas monopólicas y oligopólicas y vela por que no se creen monopolios por ley o acuerdo privado, asegurando así un mercado justo y competitivo.

Diversidad Económica y Equidad Empresarial

La Constitución peruana respalda el pluralismo económico, permitiendo la coexistencia de diferentes formas de propiedad y modelos empresariales. El Estado puede intervenir directamente en la economía solo en circunstancias excepcionales y con la debida autorización legislativa, cuando se trate de asuntos de interés público o necesidad nacional. Se garantiza un trato legal equitativo entre las empresas públicas y privadas, promoviendo así un entorno de igualdad de condiciones para todos los participantes del mercado.

Autonomía Contractual y Seguridad Jurídica para Inversionistas

En Perú, la autonomía contractual es un principio fundamental que permite a las partes celebrar acuerdos conforme a la ley, los cuales no pueden ser modificados arbitrariamente por el Estado. Para ofrecer estabilidad a los inversionistas, se pueden establecer contratos-ley que brindan garantías y condiciones inalterables por cambios legislativos. La inversión nacional y extranjera recibe el mismo trato legal, fomentando un clima de confianza y previsibilidad para los inversores.

Defensa del Consumidor y Política de Divisas

La protección de los consumidores es una prioridad en la legislación peruana, que asegura el derecho a la información adecuada y veraz sobre bienes y servicios en el mercado, así como la protección de la salud y seguridad de la población. En cuanto a la política monetaria, el Estado garantiza la libre tenencia y manejo de divisas, lo que contribuye a la estabilidad económica y facilita el comercio y la inversión internacionales.

Administración Sostenible de Recursos Naturales y Política Ambiental

Los recursos naturales de Perú son patrimonio de la Nación y su explotación se realiza bajo la supervisión del Estado, que establece leyes orgánicas para regular su uso y concesión, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo ecológicamente responsable. La política ambiental del Estado se enfoca en el uso racional de los recursos, la conservación de la biodiversidad y la protección de áreas naturales, asegurando la preservación del entorno natural para las generaciones presentes y futuras.

Garantías del Derecho de Propiedad y Limitaciones por Razones de Estado

El derecho a la propiedad es un pilar del ordenamiento jurídico peruano, protegido por el Estado y ejercido en concordancia con el interés social. La expropiación es una medida excepcional, justificada únicamente por motivos de seguridad nacional o necesidad pública, y siempre acompañada de una compensación justa. Los extranjeros gozan de los mismos derechos de propiedad que los ciudadanos peruanos, excepto en zonas fronterizas donde se aplican restricciones específicas. La ley puede imponer limitaciones temporales a la propiedad por razones de seguridad nacional.

Legislación Fiscal y Presupuesto Nacional

La imposición, modificación o eliminación de tributos en Perú se realiza a través de leyes o decretos legislativos, respetando los principios de legalidad, equidad y no confiscatoriedad. Los gobiernos locales tienen autonomía para administrar impuestos y tasas en sus jurisdicciones. El presupuesto nacional, aprobado anualmente por el Congreso, refleja una distribución justa de los recursos, orientada por la eficiencia y la descentralización, y contempla la participación de las regiones en los ingresos generados por la explotación de recursos naturales.

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