Atención Médica en la Legislación Mexicana

Definición y Clasificación de la Atención Médica en la Legislación Mexicana

La Ley General de Salud de México define la atención médica como el conjunto de servicios que tienen como finalidad la protección, promoción y restauración de la salud de las personas. De acuerdo con el Artículo 33 de dicha ley, estos servicios se dividen en actividades preventivas, que incluyen la promoción de la salud y la protección contra enfermedades; actividades curativas, que se centran en el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de las enfermedades; y actividades de rehabilitación, que buscan la recuperación de capacidades en personas con discapacidades físicas o mentales. Además, el Artículo 34 clasifica los servicios de salud en públicos, destinados a la población en general; servicios para derechohabientes de instituciones de seguridad social; servicios sociales y privados; y otros servicios que la autoridad sanitaria considere pertinentes.

Acceso y Financiamiento de los Servicios Públicos de Salud

Los servicios públicos de salud en México se ofrecen en establecimientos del Estado y están dirigidos a todos los residentes del país que los necesiten, basándose en los principios de universalidad y gratuidad, aunque sujetos a la capacidad económica de los usuarios, como lo establece el Artículo 35. El Artículo 36 menciona las cuotas de recuperación, que se ajustan a la legislación fiscal y a los convenios de coordinación, y se calculan en función del costo de los servicios y la situación económica del usuario. Estas cuotas se fundamentan en la solidaridad social y se eximen de cobro a quienes no tienen recursos o viven en zonas de bajo desarrollo económico. Los extranjeros deben pagar el costo íntegro de los servicios de salud, salvo en situaciones de emergencia. Los niños menores de cinco años, cuyas familias se encuentran en los tres deciles de ingreso más bajos, están exentos de cuotas por atención médica y medicamentos.

Servicios de Salud para Asegurados y el Sector Privado

Los servicios a derechohabientes son aquellos que las instituciones de seguridad social brindan a sus afiliados y beneficiarios, así como a otros grupos designados por el Ejecutivo Federal, tal como se detalla en el Artículo 37. Estos servicios abarcan atención médica general, materno-infantil, planificación familiar, salud mental, formación de recursos humanos, salud ocupacional, y prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes. Por otro lado, el Artículo 38 establece que los servicios de salud privados son proporcionados por entidades o individuos bajo condiciones acordadas con los usuarios y están sujetos a la normativa vigente. Estos servicios pueden ser contratados directamente o mediante seguros, ya sean individuales o colectivos.

Normativas y Supervisión de los Servicios de Salud

La Secretaría de Salud es la entidad encargada de regular y supervisar la creación y operación de los establecimientos de servicios de salud, y de establecer las normas oficiales mexicanas que rigen su funcionamiento, como se indica en los Artículos 45 y 46. Los establecimientos deben notificar a la Secretaría sobre su funcionamiento, especificando los servicios que ofrecen y el responsable sanitario, conforme al Artículo 47. Además, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales supervisan la práctica profesional en el ámbito de la salud y fomentan la creación de colegios y asociaciones profesionales, según lo estipulan los Artículos 48 y 49.

Derechos y Responsabilidades de los Usuarios de Servicios de Salud

Los usuarios de servicios de salud tienen el derecho a recibir atención oportuna y de calidad, atención profesional ética y un trato digno y respetuoso, como lo garantiza el Artículo 51. Asimismo, deben acatar las normativas internas de las instituciones y hacer un uso adecuado de los recursos que se les proporcionan, de acuerdo con el Artículo 52. Los Artículos 53 y 54 establecen que las autoridades sanitarias deben implementar procedimientos para regular el acceso a los servicios de salud, ofrecer orientación y asesoría a los usuarios, y disponer de mecanismos para la presentación de quejas o reclamaciones. Finalmente, los Artículos 55 y 56 subrayan la obligación de trasladar a personas en situación de urgencia a establecimientos de salud cercanos y la responsabilidad del Ministerio Público de asegurar la atención inmediata en casos de emergencia.