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El derecho penal se encarga de definir delitos y sanciones para proteger bienes jurídicos y mantener el orden social. Se divide en sustantivo y procesal, y está regido por principios constitucionales como la legalidad y lesividad. Su aplicación se rige por la territorialidad y la irretroactividad, con excepciones para leyes más favorables.
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El derecho penal tiene como objetivo principal definir las conductas consideradas delitos
El derecho penal tiene como objetivo establecer las sanciones aplicables a los delitos
El derecho penal otorga al Estado el derecho a castigar para mantener el orden social
El derecho penal tiene como fin último proteger bienes jurídicos individuales como la vida y la propiedad
El derecho penal también protege bienes jurídicos colectivos como la seguridad pública
Las normativas del derecho penal se encuentran codificadas en códigos penales y leyes especiales
La aplicación de las normas del derecho penal es una prerrogativa estatal a través de sus instituciones
El derecho penal sustantivo establece los tipos de delitos
El derecho penal sustantivo determina las penas aplicables a cada delito
El derecho penal sustantivo se divide en tres ramas según la gravedad de los delitos
El derecho penal procesal dicta los procedimientos para investigar, acusar y juzgar a los presuntos responsables de delitos
Una vez dictada una sentencia firme, entra en juego el derecho de ejecución penal para regular el cumplimiento de las penas impuestas
El principio de legalidad establece que no se puede sancionar ninguna acción u omisión que no esté previamente establecida en la ley
El principio de reserva limita el poder punitivo del Estado a lo estrictamente necesario
El principio de privacidad protege las acciones privadas que no dañan el orden público ni perjudican a terceros
El principio de lesividad requiere que solo se persigan las conductas que efectivamente lesionen bienes jurídicos protegidos
Los principios de fragmentariedad y subsidiariedad establecen que el derecho penal debe actuar de manera limitada y como último recurso, respectivamente
La ley penal, emanada del poder legislativo, es la fuente primordial del derecho penal
La jurisprudencia, conformada por las decisiones de los tribunales, contribuye a la interpretación y aplicación de la ley penal en situaciones específicas
Los principios generales del derecho informan el sistema jurídico en su conjunto, pero no son una fuente directa del derecho penal debido al principio de legalidad
A diferencia de otras ramas del derecho, la costumbre no se considera una fuente válida en el ámbito penal debido al principio de legalidad
El principio de territorialidad establece que la ley penal de un Estado se aplica a los delitos cometidos dentro de sus fronteras
El principio real protege los intereses nacionales frente a delitos que, aunque cometidos en el extranjero, afectan al Estado
El principio de personalidad permite aplicar la ley penal nacional a sus ciudadanos o residentes que delinquen en el extranjero
El principio universal busca la cooperación internacional en la persecución de delitos de trascendencia global, como el terrorismo o el genocidio
La ley penal es irretroactiva, aplicándose solo a hechos cometidos tras su entrada en vigor, salvo que una nueva ley más favorable pueda aplicarse retroactivamente en beneficio del reo