Mapa conceptual y resúmen LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Orígenes de la Convención de Belém do Pará

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, más conocida como la Convención de Belém do Pará, es un tratado internacional adoptado el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil. Este tratado fue establecido durante el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La Convención constituye un compromiso de los estados miembros para abordar la violencia contra las mujeres en un contexto jurídico internacional, reconociendo que la violencia contra las mujeres es un problema de naturaleza multidimensional que afecta a las mujeres en todos los sectores de la sociedad. Además, establece la obligación de los estados firmantes de garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

Antecedentes y desarrollo de la Convención

La Convención de Belém do Pará se inspiró en esfuerzos anteriores, como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) en 1990, y la resolución AG/RES. 1128 (XXI-0/91), conocida como “Protección de la Mujer contra la Violencia”, aprobada por la Asamblea General de la OEA en 1991. Estos documentos regionales sentaron las bases para la Convención, que surgió de la colaboración entre estados miembros, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil comprometidos con la defensa de los derechos de las mujeres.

Impacto y aplicación de la Convención

La Convención de Belém do Pará ha tenido un impacto significativo en la lucha contra la violencia de género en América Latina y el Caribe. En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicó por primera vez la Convención en un caso de violencia contra una mujer, estableciendo un precedente en la jurisprudencia internacional. Para fortalecer la implementación de la Convención, en 2004 se creó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). Un caso emblemático fue el de "Campo Algodonero" en México, donde el Estado fue condenado por no prevenir, investigar y sancionar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, demostrando la importancia de la Convención como instrumento para la erradicación de la violencia contra las mujeres en la región.

Violencia política y acoso político como formas de violencia de género

La violencia política y el acoso político son reconocidos como formas específicas de violencia de género que obstaculizan la participación política de las mujeres. Por ejemplo, la Ley No. 243, promulgada en algunos países de la región, define la violencia política como actos de violencia física, psicológica o sexual dirigidos contra mujeres en el contexto político-electoral. El acoso político, por su parte, se refiere a actos de presión, persecución o hostigamiento con el objetivo de limitar o impedir el desempeño de las funciones políticas de las mujeres. Estas definiciones son fundamentales para visibilizar y combatir la violencia que afecta a las mujeres en su participación política.

Influencia de la Convención en la legislación y políticas contra la violencia política de género

La Convención de Belém do Pará ha servido como un marco de referencia para el desarrollo de leyes y políticas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género. La adopción de la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres en 2015 ha sido un paso importante para aumentar la conciencia sobre este problema y para combatir la tolerancia social hacia estas prácticas. La Convención ha proporcionado a los países de la región un marco jurídico robusto para abordar la violencia política contra las mujeres.

Desafíos para la participación política de las mujeres

Las mujeres que buscan participar en la esfera política se enfrentan a múltiples obstáculos, incluyendo la violencia institucional dentro de los partidos políticos, la violencia económica que limita los recursos disponibles para sus campañas y el acoso o hostigamiento sexual. Estas barreras tienen como objetivo restringir su acceso a cargos electivos y su participación efectiva en la vida pública. Es esencial que los órganos electorales y las instituciones gubernamentales protejan los derechos políticos de las mujeres y sancionen a los partidos y autoridades que perpetúan estas formas de violencia.