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El Principio de Oportunidad permite a la fiscalía abstenerse de ejercer la acción penal en casos específicos para priorizar delitos graves. Este principio, sujeto a un marco normativo, requiere la aprobación de un juez y excluye ciertos delitos. La participación de las víctimas y la preclusión de la investigación son aspectos clave.
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El Principio de Oportunidad es una disposición legal que permite a la autoridad competente abstenerse de ejercer la acción penal en ciertas circunstancias
Infracciones más graves
El Principio de Oportunidad busca priorizar la persecución de delitos más graves
Optimización de recursos
Este principio también tiene como objetivo optimizar los recursos del sistema de justicia
El Principio de Oportunidad está sujeto a un marco normativo específico que varía según la jurisdicción y establece los criterios y condiciones para su aplicación
La implementación del Principio de Oportunidad está condicionada a causales legalmente establecidas y al cumplimiento de procedimientos específicos
La fiscalía debe solicitar la autorización de un juez de garantías para aplicar el Principio de Oportunidad
La ley excluye ciertos delitos de la aplicación de este principio, especialmente aquellos de alta gravedad o que afectan bienes jurídicos fundamentales
Las legislaciones suelen especificar causales que justifican la aplicación del Principio de Oportunidad, como penas menores o colaboración del imputado con la justicia
La fiscalía debe presentar una solicitud fundamentada ante el juez de garantías para invocar este principio
En algunos casos, puede ser necesario un periodo de prueba para confirmar la colaboración efectiva del imputado o la reparación a las víctimas
La aplicación del Principio de Oportunidad conlleva la terminación del proceso penal y la preclusión de la acción penal
Existe una limitación temporal para volver a solicitar este principio para el mismo sujeto, generalmente un periodo de cinco años
Es fundamental garantizar la participación de las víctimas en el proceso y respetar sus derechos y acceso a la justicia