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La Seguridad Ciudadana garantiza un entorno sin violencia, protegiendo derechos fundamentales. En Argentina, la responsabilidad es compartida entre el gobierno nacional y provincial, con leyes que promueven la participación ciudadana y un código ético policial alineado a estándares internacionales.
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La Seguridad Ciudadana es la garantía de vivir en un entorno libre de violencia y criminalidad, protegiendo los derechos fundamentales
Acción policial
La acción policial es una parte importante del enfoque multidimensional de la Seguridad Ciudadana
Políticas públicas integrales
Las políticas públicas integrales son esenciales para lograr la Seguridad Ciudadana
Colaboración activa de la sociedad civil
La colaboración activa de la sociedad civil es necesaria para alcanzar la Seguridad Ciudadana
La seguridad es un derecho inherente a todos los seres humanos y es deber de los Estados garantizar su respeto y cumplimiento
La Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos establecen directrices y límites para la acción estatal en materia de seguridad
La seguridad debe ser entendida de manera holística, incluyendo la protección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
La implementación de normas de seguridad requiere de una fuerza policial profesional que actúe bajo principios éticos de legalidad, imparcialidad y respeto por los derechos humanos
La seguridad es reconocida como un bien público esencial que el Estado debe proveer de manera justa y equitativa a todos los ciudadanos
La seguridad ciudadana va más allá de la reducción de la criminalidad y abarca políticas integrales que promueven la calidad de vida, la prevención del delito, el acceso a la justicia y la educación en valores
La seguridad ciudadana debe ser accesible a todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica para acceder a servicios privados de seguridad
En Argentina, la seguridad pública es una responsabilidad compartida entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales
Tanto a nivel provincial como nacional, existen leyes y normativas que establecen las bases jurídicas e institucionales del sistema de seguridad pública
La legislación en la provincia de Buenos Aires fomenta la participación ciudadana en la formulación, ejecución y supervisión de las políticas de seguridad