Los derechos de los detenidos en España abarcan la asistencia letrada, el acceso a un intérprete, el examen médico y la protección contra detenciones ilegales. La Constitución y la legislación procesal penal establecen medidas como la prisión provisional y el habeas corpus para garantizar la justicia y la integridad de las investigaciones, siempre bajo la supervisión del Tribunal Constitucional y respetando los principios de legalidad y derechos fundamentales.
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Los detenidos tienen derecho a comunicarse telefónicamente, aunque puede ser restringido en casos excepcionales
Todos los detenidos tienen derecho a un abogado, incluso si no pueden elegir uno propio
Los detenidos tienen derecho a un intérprete y a un examen médico para garantizar su comprensión y su salud
Después de una detención, el detenido debe ser presentado ante un juez que decidirá su situación legal
El juez puede decidir entre la libertad, la libertad provisional con o sin fianza, o la prisión provisional
La duración de la prisión provisional está limitada y varía según la gravedad del delito y la pena posible
La prisión provisional incomunicada es una medida excepcional para proteger la investigación penal o prevenir riesgos graves
El Tribunal Constitucional ha establecido una doctrina clara respecto a la prisión provisional, asegurando que se respeten los derechos constitucionales
El habeas corpus es un recurso legal diseñado para proteger a las personas contra detenciones ilegales y asegurar su libertad personal
El habeas corpus es un proceso rápido y sencillo que permite a un juez examinar la legalidad de la detención y ordenar la liberación inmediata si es ilegal
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Protección de derechos individuales de detenidos en España
Constitución y legislación procesal penal salvaguardan derechos de detenidos, incluyendo comunicación y asistencia letrada.
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Medida de incomunicación y sus condiciones
Autorizada por juez, solicitada por policía o fiscal, aplicable en casos excepcionales como terrorismo para proteger investigación.
02
Derecho inalienable a la asistencia letrada
Todo detenido tiene derecho a un abogado, incluso si no puede elegirlo, se asigna uno de oficio.
