El Ordenamiento Jurídico en Colombia

La Teoría Pura del Derecho y la Norma Fundamental

La Teoría Pura del Derecho, formulada por el destacado jurista austriaco Hans Kelsen, propone que un sistema jurídico se compone de un conjunto de normas interrelacionadas que adquieren su validez a partir de una norma suprema, denominada norma fundamental. Esta norma hipotética es el fundamento de validez de todas las demás normas del sistema y proporciona unidad y coherencia al orden jurídico. Según esta teoría, el sistema legal se organiza jerárquicamente, de modo que cada norma de rango inferior debe ser consistente con y derivar su validez de la norma de rango superior, garantizando así la integridad y funcionalidad del sistema legal.

La Constitución como Pilar del Orden Jurídico

En la cima de la jerarquía normativa se encuentra la Constitución, que desempeña el papel crucial de establecer los principios fundamentales del Estado, así como de designar los órganos legislativos y definir los procedimientos para la creación de nuevas leyes. En el contexto colombiano, la Constitución Política de 1991 es reconocida como la "norma de normas", en virtud de que en ella se consagran los derechos fundamentales, se delinean los deberes y obligaciones ciudadanas, y se estructura el Estado, promoviendo la participación ciudadana, el pluralismo, la economía social de mercado, la administración de justicia y la autonomía territorial. La supremacía constitucional asegura que todas las leyes y normas que se promulguen sean coherentes con los principios y mandatos constitucionales.

Tratados Internacionales y su Integración al Orden Jurídico

Los tratados internacionales, acuerdos entre Estados conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ocupan un lugar destacado en el ordenamiento jurídico colombiano. La Constitución establece que aquellos tratados que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación incluso en estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Se introduce así el concepto de "bloque de constitucionalidad", que comprende normas y principios que, si bien no están explícitamente en el texto constitucional, son utilizados como referencia para el control de constitucionalidad de las leyes, integrándose de facto al ordenamiento constitucional y adquiriendo un valor equiparable al constitucional.

Leyes y Decretos en la Estructura Normativa

Las leyes son normativas aprobadas por el Congreso de la República y se clasifican en distintas categorías, como leyes ordinarias, orgánicas, estatutarias y marco, cada una con un propósito y alcance definido dentro del sistema legal. Los decretos, por su parte, son actos administrativos de contenido normativo emitidos por el poder ejecutivo y se subdividen en categorías como decretos legislativos, de planes nacionales de desarrollo y estatutarios, cada uno con funciones específicas y sujetos a las facultades conferidas por la Constitución. Los decretos legislativos son especialmente relevantes durante los estados de excepción, mientras que los decretos estatutarios regulan materias reservadas a las leyes estatutarias.

Normativas Departamentales y Municipales

En el nivel departamental, las ordenanzas son las normas jurídicas aprobadas por las Asambleas Departamentales y son de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción. Estas entidades gozan de autonomía y cuentan con presupuesto propio. En el ámbito municipal, los acuerdos son actos jurídicos de carácter general o específico, obligatorios en el municipio correspondiente, y pueden ser propuestos por concejales, alcaldes, personeros, contralores y juntas administrativas locales. También es posible la iniciativa popular para la presentación de acuerdos, de acuerdo con la ley estatutaria que regule la materia.

Resoluciones y Circulares: Instrumentos de Regulación Administrativa

Las resoluciones son disposiciones escritas de carácter general y obligatorio, emitidas por autoridades administrativas para dirigir y gestionar las funciones que la ley les asigna. Estas resoluciones tienen la finalidad de complementar, desarrollar o especificar la ley dentro del ámbito de competencia del ente público correspondiente. Las circulares, en cambio, son comunicados internos emitidos por una autoridad superior a sus subordinados con el fin de impartir instrucciones o decisiones. Aunque son de obligado cumplimiento para quienes las reciben, las circulares no tienen el carácter de norma jurídica, sino que buscan garantizar la uniformidad en la implementación de políticas y procedimientos administrativos.