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La legislación de contratación pública establece principios de transparencia, igualdad y libre competencia para adquirir bienes y servicios. Regula entidades estatales y locales, promoviendo la eficiencia y la inclusión de factores sociales y ambientales en la selección de propuestas, favoreciendo a pequeñas empresas y entidades sociales.
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La legislación busca regular la compra de bienes y servicios por parte de entidades gubernamentales
Transparencia
La ley promueve la transparencia en el proceso de contratación
Igualdad
Se busca garantizar la igualdad de oportunidades para todos los participantes en el proceso de contratación
Libre competencia
Se fomenta la competencia entre los participantes en el proceso de contratación
La ley busca una gestión eficiente de los recursos públicos a través de la selección de propuestas con la mejor relación calidad-precio
La ley promueve la consideración de factores sociales y ambientales en los procesos de contratación
Se facilita la participación de pequeñas y medianas empresas y entidades de la economía social en los procesos de contratación
La ley se aplica a los contratos remunerados celebrados por entidades del sector público
La ley incluye a la Administración Central, Comunidades Autónomas, Administración Local y sus organismos autónomos, así como a los contratos subvencionados por estas entidades
La ley utiliza el "Vocabulario común de contratos públicos" (CPV) para clasificar los contratos en un estándar de la Unión Europea
La ley define al sector público como un conjunto diverso de entidades que incluye a la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía, entre otros
La ley también incluye a las asociaciones formadas por entidades del sector público en su definición
La ley incluye a las entidades creadas para satisfacer necesidades de interés general no industrial o mercantil en su definición
En el contexto de la contratación pública, se consideran Administraciones Públicas a las entidades que forman parte de la estructura organizativa del Estado, Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Administración Local
Los poderes adjudicadores incluyen a las Administraciones Públicas, fundaciones del sector público, Mutuas de la Seguridad Social y otras entidades con personalidad jurídica propia financiadas o controladas mayoritariamente por entidades públicas
La ley establece excepciones en su ámbito de aplicación, excluyendo contratos y acuerdos regulados por normativas especializadas
Los contratos en el ámbito de la Defensa y la Seguridad se rigen por regulaciones específicas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la legislación en estos sectores
La ley excluye las concesiones de obras y servicios relacionados con material militar sensible o destinados a usos militares específicos
Los principios generales de la ley se aplican subsidiariamente en casos no regulados por normativas especializadas