Fundamentos y Metas de la Legislación de Contratación Pública

Fundamentos y Metas de la Legislación de Contratación Pública

La legislación que rige la contratación en el sector público tiene como objetivo primordial la regulación de la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades gubernamentales. Esta normativa se fundamenta en principios esenciales como la transparencia, la igualdad y la libre competencia, con el fin de asegurar un proceso justo y abierto para todos los participantes. La ley busca una gestión eficaz de los recursos públicos, incentivando la competencia y seleccionando propuestas que ofrezcan la mejor relación calidad-precio. Además, se promueve la consideración de factores sociales y ambientales en los procesos de contratación y se facilita la participación de pequeñas y medianas empresas, así como de entidades de la economía social.

Alcance y Entes del Sector Público Afectados

La ley se aplica a los contratos remunerados que celebren las entidades del sector público, incluyendo aquellos financiados en parte por estas entidades. Abarca a la Administración Central, las Comunidades Autónomas, la Administración Local y sus organismos autónomos, así como a los contratos subvencionados por dichas entidades. Para la clasificación de los contratos se emplea el "Vocabulario común de contratos públicos" (CPV), que es un estándar de la Unión Europea destinado a unificar la terminología en la contratación pública.

Definición de Entidades del Sector Público

La ley define como sector público a un conjunto diverso de entidades, que incluye la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía, las Entidades Locales, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, los consorcios con personalidad jurídica, las fundaciones del sector público, las Mutuas de la Seguridad Social, las Entidades Públicas Empresariales, las sociedades mercantiles con mayoría de capital público, los fondos sin personalidad jurídica, y otras entidades creadas para satisfacer necesidades de interés general no industrial o mercantil, así como las asociaciones formadas por estas entidades.

Concepto de Administraciones Públicas y Autoridades Contractuales

En el contexto de la contratación pública, se consideran Administraciones Públicas a las entidades que forman parte de la estructura organizativa del Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Administración Local, así como algunos consorcios y entidades de derecho público. Los poderes adjudicadores incluyen a las Administraciones Públicas, las fundaciones del sector público, las Mutuas de la Seguridad Social y otras entidades con personalidad jurídica propia que atienden necesidades de interés general no industrial o mercantil, y que están financiadas o controladas mayoritariamente por entidades públicas.

Excepciones y Contratos Especiales

La ley establece ciertas excepciones en su ámbito de aplicación, excluyendo contratos y acuerdos que se rigen por normativas especializadas. Esto incluye los contratos en el ámbito de la Defensa y la Seguridad, que se sujetan a regulaciones específicas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la legislación específica de contratación en estos sectores. También se excluyen las concesiones de obras y servicios relacionados con material militar sensible o destinados a usos militares específicos. No obstante, los principios generales de la ley se aplican subsidiariamente para resolver dudas o vacíos legales que puedan surgir en estos casos.