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La Administración Pública y los servicios públicos son esenciales para el bienestar social, regulando y garantizando necesidades como transporte y energía. Su evolución y marco legal en España aseguran la equidad y eficiencia en su prestación, adaptándose a los cambios sociales y económicos.
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La Administración Pública ejerce su autoridad mediante prerrogativas que le permiten intervenir en distintos aspectos de la vida cotidiana
Regulación
La Administración Pública establece normas y sanciones para regular ciertos aspectos de la sociedad
Fomento
La Administración Pública promueve ciertas actividades mediante incentivos como subvenciones
Prestación de servicios
La Administración Pública actúa directamente para satisfacer necesidades públicas en áreas donde la iniciativa privada es insuficiente o inexistente
La elección de la forma de intervención de la Administración Pública depende de factores como la eficiencia, la equidad y la necesidad de garantizar el bienestar general
Los servicios públicos surgen como solución a necesidades colectivas que el mercado no puede satisfacer de manera eficiente, especialmente en términos de seguridad, regularidad, asequibilidad y universalidad
En ocasiones, la regulación del mercado no es suficiente y la intervención estatal se vuelve necesaria para garantizar la provisión equitativa de servicios
La existencia de un monopolio público en la prestación de ciertos servicios depende de la capacidad del Estado para gestionarlos y de las condiciones técnicas y económicas que rodean su oferta