Función Social y Ecológica de la Propiedad
La propiedad trasciende la mera satisfacción de intereses individuales, asumiendo un rol de contribución a la comunidad, lo que genera deberes y responsabilidades para con la sociedad. La función ecológica, por su parte, impone al propietario la obligación de evitar prácticas que perjudiquen el medio ambiente y de respetar los derechos de las futuras generaciones, en consonancia con los principios del desarrollo sostenible. Esta concepción contemporánea de la propiedad con una dimensión social y ecológica tiene sus raíces en doctrinas antiguas y en la ética cristiana, y ha sido consolidada por la jurisprudencia moderna.Facultades Inherentes al Derecho de Propiedad
El derecho de propiedad comprende varias prerrogativas fundamentales: el uso, que se refiere a la utilidad directa que el bien proporciona al propietario; el goce, que es la capacidad de obtener rendimientos o frutos del bien; y la disposición, que permite al titular enajenar, gravar o transferir la propiedad. Estas facultades están reconocidas en el Código Civil y deben ejercerse respetando los límites impuestos por la función social y ecológica de la propiedad.Evolución Histórica del Derecho de Propiedad
El concepto de propiedad ha sufrido una notable evolución histórica. En la época del Derecho Romano, el dominio quiritario era un privilegio de los ciudadanos romanos y aplicable únicamente a bienes ubicados en Roma. Durante el feudalismo, la propiedad estaba intrínsecamente ligada a la lealtad y a la prestación de servicios feudales. La Revolución Francesa marcó un hito al democratizar la propiedad mediante la redistribución de tierras expropiadas a la nobleza y al clero. En la era contemporánea, el individualismo propietario ha sido matizado por los efectos de la revolución industrial y los conflictos bélicos globales, lo que ha llevado a un Estado más intervencionista que regula la propiedad para promover el bienestar colectivo y la justicia social.Intervencionismo Estatal y Justicia Social en la Propiedad
En la actualidad, el interés individual en la propiedad no es el único factor económico relevante; el Estado, así como otros actores como corporaciones y sindicatos, desempeñan roles significativos. La justicia social, que aspira a una distribución más equitativa de la propiedad, especialmente en lo que respecta a los medios de producción, se ha convertido en un principio rector en la sociedad. El Estado interviene en la regulación del derecho de propiedad para proteger los intereses públicos y colectivos, buscando un equilibrio entre el derecho individual de propiedad y las necesidades sociales más amplias.
