Los principios rectores del procedimiento administrativo, como la simplificación y accesibilidad, son esenciales para una administración eficiente. El antiformalismo protege a los ciudadanos de formalidades innecesarias, mientras que la participación ciudadana y el acceso a la información son clave para la validez de las decisiones. La transparencia se promueve mediante la publicación proactiva de datos en portales de internet.
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La LPA es una normativa que busca simplificar y hacer accesibles los procedimientos administrativos para los ciudadanos
Contradicción
El principio de contradicción asegura que todas las partes implicadas en un procedimiento administrativo tengan la oportunidad de presentar sus argumentos
Economía procesal
El principio de economía procesal busca evitar la repetición innecesaria de trámites en un procedimiento administrativo
Oficialidad
El principio de oficialidad establece que la Administración es la encargada de iniciar y llevar a cabo los procedimientos administrativos
Los principios rectores de la LPA buscan una administración más ágil y menos burocrática para los ciudadanos
El principio de antiformalismo asegura que los ciudadanos no sean perjudicados por el incumplimiento de formalidades no esenciales en un procedimiento administrativo
El principio de antiformalismo permite iniciar procedimientos con escritos que no cumplan con todas las formalidades, siempre y cuando contengan la identificación del solicitante y un domicilio para notificaciones
El principio de antiformalismo garantiza la participación ciudadana y la legitimidad de las decisiones administrativas, ya sean favorables o desfavorables
La legislación establece dos aspectos clave en la gestión de la información: la promoción de la aportación de información por parte de los interesados y el derecho al acceso a la información en poder de la Administración
El trámite de audiencia es un elemento crucial del procedimiento administrativo, cuya ausencia puede conllevar la nulidad del acto
La información pública es un trámite que la jurisprudencia exige cuando resulta razonablemente necesario para enriquecer el procedimiento
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno consagra el derecho de acceso a archivos y registros administrativos para que los ciudadanos puedan obtener información pertinente para sus intereses
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