El Congreso Nacional Argentino, con su Cámara de Diputados y Senadores, es el pilar de la democracia, encargado de la legislación. La Corte Suprema lidera el Poder Judicial, que garantiza la justicia imparcial y controla la constitucionalidad de las leyes. El Presidente, a la cabeza del Poder Ejecutivo, administra el país y puede ser reelegido una vez. La independencia de estos poderes es crucial para el equilibrio democrático y la gobernabilidad de Argentina.
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La Cámara de Diputados está compuesta por 257 miembros elegidos por sufragio directo para un período de cuatro años
La Cámara de Senadores está compuesta por 72 senadores elegidos por voto directo bajo un sistema que otorga dos escaños a la mayoría y uno a la primera minoría
El Vicepresidente de la Nación preside el Senado y tiene voto solo en caso de empate
El Congreso desarrolla su actividad legislativa principalmente en sesiones ordinarias que transcurren del 1 de marzo al 30 de noviembre, aunque puede ser convocado a sesiones extraordinarias
Los legisladores se organizan en bloques políticos y comisiones temáticas, donde se realiza un trabajo detallado de análisis, debate y dictamen sobre los proyectos de ley
Las comisiones son fundamentales en el proceso legislativo, ya que en ellas se estudian las iniciativas antes de ser llevadas al recinto para su discusión y votación
El Poder Judicial está estructurado de manera jerárquica, encabezado por la Corte Suprema de Justicia, seguido por tribunales inferiores de distintas instancias
La competencia del Poder Judicial abarca casos que involucran la interpretación de la Constitución Nacional, leyes federales, tratados internacionales, y controversias entre provincias o con estados extranjeros
Los magistrados son designados por el Poder Ejecutivo y requieren acuerdo del Senado, asegurando su independencia de los poderes políticos y su compromiso con la justicia imparcial
La independencia del Poder Judicial es un pilar de la democracia argentina, garantizando que las decisiones judiciales se fundamenten en la ley y la justicia, libre de influencias políticas
El Poder Judicial tiene la prerrogativa de controlar la constitucionalidad de las leyes y actos del gobierno, pudiendo invalidar aquellos que contravengan la Constitución Nacional
El control de constitucionalidad es vital para el sistema de frenos y contrapesos, asegurando que las acciones del gobierno se mantengan dentro del marco constitucional y legal