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La Monarquía Parlamentaria Española se basa en la separación de poderes y la figura del Rey como símbolo de unidad. Las Cortes Generales, compuestas por el Congreso y el Senado, ejercen el poder legislativo, mientras que el Gobierno, liderado por el Presidente, maneja la política y administración. El Poder Judicial garantiza la justicia independiente. La Corona desempeña funciones protocolarias y simbólicas, y la sucesión al trono sigue un sistema de primogenitura cognaticia.
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Las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado, son responsables de crear leyes, aprobar presupuestos y supervisar al Gobierno
El Gobierno, liderado por el Presidente del Gobierno, es responsable de dirigir la política nacional e internacional, la administración y la defensa del Estado
El Poder Judicial, independiente y formado por jueces y magistrados, garantiza la aplicación imparcial de la ley en nombre del Rey
El Rey, como Jefe de Estado, tiene funciones simbólicas y protocolarias, como la designación del Presidente del Gobierno y la sanción de leyes mediante su firma
La sucesión al trono se rige por un sistema de primogenitura cognaticia, que prioriza la descendencia directa y la preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de condiciones
El heredero presunto recibe el título de Príncipe o Princesa de Asturias
El Poder Judicial tiene la misión de administrar justicia basándose en las leyes aprobadas por el Parlamento y los reglamentos de la administración
Los jueces y magistrados, nombrados por el Rey a propuesta de órganos judiciales, mantienen su independencia y están sometidos únicamente al imperio de la ley
La Constitución Española establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes
El Gobierno, que debe contar con la confianza del Parlamento, es responsable de la política y administración del Estado, incluyendo la capacidad de disolver las Cámaras y convocar elecciones
El Gobierno es investido tras obtener la confianza de la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados
El Gobierno tiene la capacidad de establecer reglamentos y normas para la administración del Estado
La Monarquía Parlamentaria de España, establecida en la Constitución de 1978, se fundamenta en la separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo, ejercido por las Cortes Generales, se compone del Congreso de los Diputados y el Senado, responsables de la creación de leyes, la aprobación de presupuestos y la supervisión del Gobierno. El Poder Ejecutivo, encabezado por el Gobierno y presidido por el Presidente del Gobierno, dirige la política nacional e internacional, la administración y la defensa del Estado. El Poder Judicial, que opera en nombre del Rey, es independiente y está formado por jueces y magistrados que garantizan la aplicación imparcial de la ley.
La Corona, encarnada por el Rey, representa la continuidad y la unidad del Estado español. El monarca, en su rol de Jefe de Estado, desempeña funciones simbólicas y protocolarias, incluyendo la designación del Presidente del Gobierno, la convocatoria y disolución de las Cortes Generales, y la sanción de leyes mediante su firma. La sucesión al trono se rige por un sistema de primogenitura cognaticia, que prioriza la descendencia directa, la preferencia del varón sobre la mujer solo en igualdad de condiciones, y la precedencia del mayor sobre el menor. El heredero presunto recibe el título de Príncipe o Princesa de Asturias.
El Poder Judicial tiene la misión de administrar justicia, basándose en las leyes aprobadas por el Parlamento y los reglamentos de la administración. Este poder abarca todas las jurisdicciones, como la civil, penal, contencioso-administrativa y laboral. Los jueces y magistrados, nombrados por el Rey a propuesta de órganos judiciales, mantienen su independencia y están sometidos únicamente al imperio de la ley. La Constitución Española, en su artículo 117, afirma que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes.
El Gobierno de España, que debe contar con la confianza del Parlamento, es el principal responsable de la política y administración del Estado. Posee la facultad de disolver las Cámaras y convocar elecciones, salvo en situaciones excepcionales. El Gobierno, liderado por el Presidente del Gobierno, es el encargado de la política interior y exterior, la administración civil y militar, y la defensa nacional. Además, tiene capacidad reglamentaria y es investido tras obtener la confianza de la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Las Cortes Generales son el órgano legislativo nacional de España y se componen de dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Su función principal es representar al pueblo español, legislar, aprobar los presupuestos del Estado y controlar la acción del Gobierno. El sistema bicameral impide que sus miembros formen parte de ambas cámaras o sean simultáneamente parlamentarios autonómicos. Las Cortes Generales establecen su propio reglamento y presupuesto y se reúnen en sesiones ordinarias y extraordinarias según lo requieran las circunstancias.
El Congreso de los Diputados, con una composición de 300 a 400 miembros elegidos por sufragio universal, tiene la prerrogativa de otorgar o retirar la confianza al Presidente del Gobierno y de impulsar mociones de censura. El Senado, como cámara de representación territorial, está integrado por senadores elegidos por las provincias y comunidades autónomas, y tiene competencias como la aprobación de medidas gubernamentales y la participación en la ratificación de tratados internacionales. Ambas cámaras pueden convocar sesiones extraordinarias y constituir comisiones mixtas para dirimir discrepancias legislativas.
Algorino
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