La Monarquía Parlamentaria Española se basa en la separación de poderes y la figura del Rey como símbolo de unidad. Las Cortes Generales, compuestas por el Congreso y el Senado, ejercen el poder legislativo, mientras que el Gobierno, liderado por el Presidente, maneja la política y administración. El Poder Judicial garantiza la justicia independiente. La Corona desempeña funciones protocolarias y simbólicas, y la sucesión al trono sigue un sistema de primogenitura cognaticia.
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Las Cortes Generales, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado, son responsables de crear leyes, aprobar presupuestos y supervisar al Gobierno
El Gobierno, liderado por el Presidente del Gobierno, es responsable de dirigir la política nacional e internacional, la administración y la defensa del Estado
El Poder Judicial, independiente y formado por jueces y magistrados, garantiza la aplicación imparcial de la ley en nombre del Rey
El Rey, como Jefe de Estado, tiene funciones simbólicas y protocolarias, como la designación del Presidente del Gobierno y la sanción de leyes mediante su firma
La sucesión al trono se rige por un sistema de primogenitura cognaticia, que prioriza la descendencia directa y la preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de condiciones
El heredero presunto recibe el título de Príncipe o Princesa de Asturias
El Poder Judicial tiene la misión de administrar justicia basándose en las leyes aprobadas por el Parlamento y los reglamentos de la administración
Los jueces y magistrados, nombrados por el Rey a propuesta de órganos judiciales, mantienen su independencia y están sometidos únicamente al imperio de la ley
La Constitución Española establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes
El Gobierno, que debe contar con la confianza del Parlamento, es responsable de la política y administración del Estado, incluyendo la capacidad de disolver las Cámaras y convocar elecciones
El Gobierno es investido tras obtener la confianza de la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados
El Gobierno tiene la capacidad de establecer reglamentos y normas para la administración del Estado