La organización del poder público en Colombia se articula en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, cada una con funciones específicas y estructuras definidas. Los órganos de autonomía y control especial, como el Banco de la República y la Comisión Nacional del Servicio Civil, contribuyen al fortalecimiento del Estado. El sistema electoral asegura procesos democráticos transparentes, mientras que la rama ejecutiva se organiza en sectores central y descentralizado para una gestión eficiente. Las jurisdicciones y organismos judiciales, incluyendo jurisdicciones especiales, garantizan la justicia y el orden social.
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Encargado de crear leyes, control político y enmendar la Constitución
Encargado de representar a las regiones y aprobar o rechazar tratados internacionales
Encargada de representar al pueblo y aprobar o rechazar proyectos de ley
Encargado de administrar el Estado, implementar políticas y ejecutar objetivos nacionales
Organización de la rama ejecutiva en ámbitos nacional, departamental y municipal
Encargada de la gestión ambiental, el fomento del desarrollo sostenible, la educación y la regulación de servicios como la televisión
Encargado de supervisar la impartición de justicia, resolver conflictos y preservar el orden social
Encargadas de impartir justicia en distintas áreas como la ordinaria, contencioso administrativa, constitucional y especial para la paz
Reconocidas por la Constitución para aportar a la diversidad y complementariedad del sistema judicial del país