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Proceso Contencioso-Administrativo en la Ciudad de México

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El proceso contencioso-administrativo en la Ciudad de México se rige por la LJACDMX, que establece los derechos y procedimientos para impugnar actos administrativos. Los ciudadanos y autoridades deben conocer los plazos para presentar demandas, las reglas para la admisión de pruebas y las causales de nulidad. Las medidas cautelares y la emisión de sentencias son también aspectos fundamentales de este marco jurídico, que busca proteger los derechos humanos y asegurar la legalidad de las resoluciones administrativas.

Marco Jurídico del Proceso Contencioso-Administrativo en la Ciudad de México

El proceso contencioso-administrativo en la Ciudad de México se encuentra regulado principalmente por la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (LJACDMX). Este cuerpo normativo se complementa con disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Código Fiscal de la Ciudad de México y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. El marco legal está diseñado para asegurar la protección de los derechos humanos, adhiriéndose a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y proporciona las bases para la impugnación de actos y resoluciones de la administración pública.
Sala de tribunal vacía con mesa de madera oscura, sillas de cuero negro, estrado de juez y bandera de México sin escudo.

Presentación y Plazos de la Demanda Administrativa

La presentación de la demanda y cualquier otro escrito procesal ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México debe llevar la firma del promovente o de su representante legal, y en caso de que el interesado no pueda firmar, se añadirá su huella digital. Los particulares cuentan con un plazo de quince días hábiles para interponer la demanda a partir de la notificación del acto administrativo o desde que se tuvo conocimiento de él. Por otro lado, la autoridad administrativa dispone de un término de cinco años para promover el juicio de lesividad, con el objetivo de anular resoluciones administrativas que considere ilegales y perjudiciales para el interés público, siempre que dichas resoluciones generen efectos de tracto sucesivo.

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00

Principios de los derechos humanos en LJACDMX

Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad.

01

Objetivo del marco legal en LJACDMX

Proteger derechos humanos, permitir impugnación de actos administrativos.

02

Complementos a la LJACDMX

Tratados internacionales, leyes federales y locales, códigos civiles y fiscales.

Q&A

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