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El proceso legislativo en España incluye la sanción y promulgación de leyes por el Rey, el papel especial de las leyes orgánicas, y la regulación de materias por leyes ordinarias. Además, se aborda el uso de decretos legislativos y reales decretos-ley para situaciones urgentes, así como la función de los reglamentos en la jerarquía normativa.
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El Rey tiene la responsabilidad constitucional de sancionar y promulgar las leyes aprobadas por las Cortes Generales
El Rey debe sancionar y promulgar las leyes dentro de un plazo máximo de 15 días después de su aprobación por las Cortes Generales
La promulgación real culmina con la orden de publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el que la ley entra en vigor
Las leyes orgánicas se encargan de desarrollar los derechos fundamentales y las libertades públicas en el ordenamiento jurídico español
Las leyes orgánicas también regulan la estructura y funcionamiento de los poderes del Estado y otros entes de relevancia constitucional
Las leyes orgánicas requieren una mayoría absoluta del total de miembros del Congreso para su aprobación, modificación o derogación
Las leyes ordinarias regulan materias que no requieren el rango de ley orgánica y abarcan un amplio espectro de temas
El proceso legislativo determina cuáles son las materias que deben ser reguladas por ley ordinaria, y la Constitución puede establecer reservas de ley para ciertos ámbitos específicos
Las leyes ordinarias se aprueban o modifican por mayoría simple en las Cortes Generales y son el tipo de ley más común en el sistema jurídico español
00
En España, después de que las ______ ______ aprueban una ley, el ______ debe ______ y ______ dicha ley en un máximo de ______ días.
Cortes Generales
Rey
sancionarla
promulgarla
15
01
Para que una ley sea válida y de cumplimiento obligatorio en España, es necesario que sea ______ en el ______ ______ del ______, lo que marca su entrada en ______.
publicada
Boletín Oficial
Estado
vigor
02
Desarrollo de derechos fundamentales
Las leyes orgánicas desarrollan derechos y libertades públicas esenciales.
