La Constitución de España

Primacía de la Constitución Española en el Ordenamiento Jurídico

La Constitución de España, promulgada el 6 de diciembre de 1978, se establece como la norma suprema del sistema legal español, garantizando su preeminencia sobre todas las demás leyes y reglamentos. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los jueces y tribunales tienen el deber de interpretar y aplicar las leyes en consonancia con los principios y derechos fundamentales definidos en la Constitución y conforme a la interpretación que de estos haga el Tribunal Constitucional. La Constitución se aplica de manera directa y es el referente obligatorio para la interpretación de cualquier otra norma jurídica, invalidando aquellas disposiciones que resulten contrarias a ella.

El Proceso Constituyente y la Transición Democrática

El proceso constituyente en España se inició tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 y la posterior proclamación de Juan Carlos I como Rey. La designación de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno en 1976 marcó un punto de inflexión hacia la democratización del país. La Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes Franquistas y ratificada en referéndum en 1976, allanó el camino para las primeras elecciones democráticas de 1977. Estas elecciones dieron lugar a las Cortes Constituyentes, encargadas de elaborar y redactar la nueva Constitución.

Elaboración y Aprobación de la Constitución Española

La Constitución española fue fruto del trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, que presentó un Anteproyecto sometido a un intenso proceso de enmiendas y debates. Tras ser discutido y aprobado por el Congreso y el Senado, las diferencias entre ambas cámaras se resolvieron mediante una Comisión Mixta, resultando en un texto consensuado. Este texto fue aprobado por mayoría en los plenos de ambas cámaras, sancionado por el Rey Juan Carlos I y ratificado por el pueblo español en un referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978.

Estructura y Contenido de la Constitución Española

La Constitución española se estructura en un Preámbulo, diez Títulos con un total de 169 artículos, y se complementa con Disposiciones Adicionales, Transitorias, una Derogatoria y una Final. La parte dogmática, que comprende el Título Preliminar y el Título I, establece los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y los principios rectores del Estado. La parte orgánica, que abarca desde el Título II hasta el X, detalla la organización del Estado, la distribución territorial del poder y los procedimientos legislativos y gubernamentales. La Constitución es el marco que define el funcionamiento del Estado y garantiza la protección de los derechos y libertades de los individuos.

Principios y Valores del Título Preliminar de la Constitución

El Título Preliminar de la Constitución española proclama los valores superiores del ordenamiento jurídico, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, recogidos en el artículo 1.1. Estos valores se materializan en un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales y se ven reforzados por principios como la sujeción de todos al ordenamiento jurídico, la legalidad, la jerarquía normativa y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, tal como se establece en el artículo 9. Estos principios y valores son esenciales para el desarrollo del Estado social y democrático de derecho y sirven de guía para la interpretación y aplicación de las leyes.

Procedimientos para la Reforma Constitucional

La Constitución de España contempla dos mecanismos para su reforma: el procedimiento ordinario y el procedimiento agravado. El procedimiento ordinario, descrito en el artículo 167, se emplea para reformas parciales y exige una mayoría de tres quintos en cada una de las cámaras del Parlamento. Por otro lado, el procedimiento agravado, establecido en el artículo 168, se reserva para reformas totales o para la modificación de ciertas secciones fundamentales y requiere una mayoría de dos tercios en cada cámara, así como la ratificación por parte de la ciudadanía en un referéndum. La iniciativa de reforma debe seguir el mismo proceso que la iniciativa legislativa y no puede ser propuesta durante periodos de guerra o estados de excepción. Hasta la fecha, la Constitución española ha sido reformada en dos ocasiones, ambas mediante el procedimiento ordinario y sin la necesidad de un referéndum.