Naturaleza y Propiedades del Reglamento Jurídico

Naturaleza y Propiedades del Reglamento Jurídico

Un reglamento es una disposición de carácter general, emanada de una autoridad ejecutiva o administrativa, que tiene por objeto regular ciertos aspectos de la vida social, económica o técnica dentro de un Estado. Se caracteriza por su generalidad, ya que se aplica a una pluralidad de casos y sujetos, y por su permanencia, puesto que sigue vigente hasta que se deroga o modifica. A diferencia de las leyes, que son aprobadas por el poder legislativo, los reglamentos son emitidos por el poder ejecutivo y deben estar en consonancia con el marco legal existente. Mientras que los actos administrativos son decisiones concretas y particulares, los reglamentos establecen normas de alcance general y requieren ser publicados en un diario oficial para entrar en vigor. Los procedimientos para su creación y los mecanismos para su impugnación también difieren, siendo los reglamentos susceptibles de nulidad de pleno derecho si contravienen el ordenamiento jurídico, en contraposición a la anulabilidad de los actos administrativos.

Distinción entre Reglamentos y Directrices Administrativas

Es esencial diferenciar los reglamentos de otras figuras administrativas no normativas, como las instrucciones o las órdenes de servicio. Estas últimas, también referidas como circulares, son comunicaciones internas que los superiores jerárquicos dirigen a sus subordinados para orientar su actuación dentro de la estructura administrativa. A diferencia de los reglamentos, que tienen efectos jurídicos externos y son vinculantes para los ciudadanos, las circulares tienen un alcance restringido al ámbito interno de la Administración y no generan derechos ni obligaciones para los particulares.

Origen Histórico de la Potestad Reglamentaria

La potestad reglamentaria se origina como una prerrogativa del poder ejecutivo para complementar y ejecutar la ley, en un contexto donde la división de poderes asignaba la función legislativa exclusivamente al Parlamento. Durante el siglo XIX, la doctrina del principio monárquico permitió al monarca ejercer una facultad normativa paralela a la legislativa, estableciendo así un sistema dual de producción normativa. Este sistema distingue entre la regulación de las relaciones entre particulares, reservada al Parlamento, y la regulación de la organización y funcionamiento de la Administración, que puede ser objeto de reglamentación. La potestad reglamentaria se justifica también por la necesidad de regular materias técnicas o especializadas que requieren de la agilidad y conocimiento técnico de la Administración.

Base Constitucional y Legal de la Potestad Reglamentaria

La potestad reglamentaria encuentra su fundamento formal en la Constitución y en las leyes que estructuran la organización y funcionamiento de las administraciones públicas. La Constitución confiere al Gobierno la capacidad de emitir reglamentos y establece la supervisión judicial de estos. Asimismo, leyes orgánicas y estatutos de autonomía otorgan competencias reglamentarias a las comunidades autónomas y entidades locales, siempre dentro de los límites y jerarquías normativas y sin que exista un ámbito de materia reservado exclusivamente al reglamento.

Jerarquía Normativa entre Ley y Reglamento

En el sistema jurídico, el reglamento ocupa un lugar subordinado a la ley, lo que implica que no puede existir un reglamento que regule materias que la ley no haya delegado o que contravenga disposiciones legales. Los reglamentos deben ser coherentes con las leyes y actuar como instrumentos para su desarrollo y ejecución práctica. La ley establece los principios y directrices fundamentales, y el reglamento proporciona la especificación y detalle necesarios para su aplicación efectiva, siempre respetando los límites y el espíritu de la ley.