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La Corte Penal Internacional (CPI) se estableció para juzgar los crímenes de mayor gravedad a nivel mundial. Con sede en La Haya, su mandato cubre genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra. A pesar de la resistencia de algunos países, la CPI es un paso adelante en la lucha contra la impunidad, operando bajo principios de legalidad y justicia internacional.
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La CPI surge como respuesta a la necesidad de un tribunal permanente para juzgar crímenes internacionales
La comunidad internacional reconoce las limitaciones de los tribunales temporales y busca establecer una solución permanente
La Asamblea General de las Naciones Unidas juega un papel crucial en la creación de la CPI mediante la adopción del Estatuto de Roma
El Estatuto de Roma consta de un preámbulo y trece partes que detallan aspectos como la organización, jurisdicción y crímenes bajo la competencia de la CPI
La CPI tiene su sede en La Haya y se distingue por su independencia y su relación con el sistema de las Naciones Unidas
La CPI se enfoca en crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, aplicando el principio de no retroactividad
La CPI opera bajo el principio de legalidad, que establece que no se puede responsabilizar a alguien por un acto que no era delictivo en el momento de su comisión
La CPI define de manera precisa los crímenes bajo su competencia, evitando interpretaciones perjudiciales por analogía
La CPI también se rige por principios como la presunción de inocencia, la complementariedad con los sistemas judiciales nacionales y la protección y participación de las víctimas en el proceso judicial
Algunos países, como Estados Unidos, China e Israel, han expresado reservas o no han ratificado el Estatuto de Roma debido a cuestionamientos sobre la jurisdicción y la imparcialidad de la CPI
A pesar de las críticas, muchos países, incluyendo España y México, han ratificado el Estatuto de Roma, reconociendo la importancia de la CPI en la justicia penal internacional
La CPI simboliza un progreso en la aplicación del derecho penal internacional, aunque su alcance es limitado y persisten desafíos en la reducción de la delincuencia internacional