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Los protocolos escolares antiviolencia son esenciales para garantizar un entorno educativo seguro. Incluyen estrategias de prevención, detección de riesgos y medidas correctivas para combatir el abuso y el acoso en las escuelas. La colaboración de toda la comunidad educativa es crucial para su efectividad.
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Los protocolos escolares antiviolencia son un conjunto de procedimientos y directrices que buscan prevenir, detectar y actuar frente a situaciones de violencia en el ámbito educativo
Los protocolos se basan en el principio del interés superior del niño y la protección de los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como del personal docente y no docente
Es imperativo que las autoridades educativas estén debidamente informadas y capacitadas en derechos humanos y protección infantil para implementar de manera efectiva medidas preventivas y correctivas ante cualquier indicio o acto de violencia
Se promueve un trato digno y respetuoso en las instituciones educativas como parte de las estrategias para prevenir la violencia
Se fomentan habilidades socioemocionales en los estudiantes para propiciar la resolución no violenta de conflictos
Se llevan a cabo programas y actividades pedagógicas que enseñan a los estudiantes sobre la importancia de la convivencia armónica y cómo identificar, gestionar y mitigar la violencia y sus efectos
Los directivos escolares tienen la responsabilidad de implementar medidas para prevenir la violencia en las escuelas
Los directivos deben implementar medidas como la supervisión regular del clima escolar y la identificación de factores de riesgo potenciales para prevenir la violencia
Es esencial realizar un diagnóstico del entorno externo de la escuela y educar a la comunidad escolar sobre el abuso y la violencia para prevenir su ocurrencia
Es esencial identificar factores de riesgo como deficiencias en la infraestructura escolar, prácticas pedagógicas y comunicación inadecuada con las familias para entender y manejar situaciones de violencia
Los elementos protectores, como factores personales, estructurales, pedagógicos y comunitarios, ayudan a establecer un ambiente escolar seguro y respetuoso de los derechos humanos
La prevención y atención de la violencia escolar es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración activa de toda la comunidad educativa