La reforma laboral de 2017 en México marcó un hito en la justicia laboral, transfiriendo la responsabilidad a órganos judiciales y estableciendo la conciliación como paso previo al juicio. Se promueve la democracia sindical y la igualdad de género, con medidas contra la discriminación y violencia en el trabajo. La transición incluyó la transferencia de expedientes y asignación de recursos para la nueva estructura.
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Se promulgó una reforma constitucional que transformó el sistema de justicia laboral en México mediante la modificación de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política
La reforma traspasó la responsabilidad de impartir justicia laboral a órganos judiciales, tanto federales como locales, enfocándose en la jurisdicción de conflictos laborales
Se introdujo un proceso de conciliación obligatorio previo al juicio, administrado por centros de conciliación autónomos, con el fin de agilizar los procedimientos y reforzar la protección de los derechos laborales
Se estableció el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, una entidad dedicada a promover la democracia sindical y la negociación colectiva
El Centro tiene la función de registrar contratos colectivos y sindicatos, y supervisar los procesos administrativos pertinentes
La reforma exige que las elecciones sindicales sean democráticas y con participación equitativa de género, fortaleciendo así la transparencia y representatividad en las organizaciones sindicales
La reforma laboral pone énfasis en la igualdad de género y la protección de derechos fundamentales en el ámbito laboral
Se establecen medidas para prevenir la discriminación y violencia, con especial atención a la protección de las trabajadoras embarazadas
Se promueven protocolos contra la discriminación de género y se establecen medidas para la atención de casos de violencia y acoso sexual en el trabajo
La nueva justicia laboral se caracteriza por un procedimiento mayormente oral, con una fase escrita inicial, diseñado para ser eficiente y transparente en la resolución de conflictos
Se definen principios procesales claros para garantizar una protección judicial efectiva de los derechos laborales
Los nuevos juicios laborales están orientados a garantizar una protección judicial efectiva de los derechos laborales, con la conciliación como mecanismo preferente para la resolución de conflictos