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La administración pública en Colombia se rige por principios éticos y legales para garantizar el interés general. Se tipifica y sanciona el tráfico de influencias, protegiendo así la transparencia y la integridad de las instituciones estatales. La legislación establece los elementos constitutivos de este delito y enfatiza la importancia de preservar la administración pública de prácticas corruptas, asegurando que las decisiones se tomen en favor del bien común.
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La Constitución Política de 1991 fundamenta la administración pública en Colombia
La administración pública en Colombia se orienta hacia la satisfacción del interés general y la gestión ética de los recursos del Estado
La legislación penal colombiana reprueba y sanciona cualquier acto que beneficie intereses personales en perjuicio del servicio público
La administración pública en Colombia prohíbe actos que beneficien intereses personales o de terceros
La administración pública en Colombia reprueba y sanciona delitos como el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y abusos de autoridad
La administración pública en Colombia busca preservar su integridad y correcto funcionamiento mediante la penalización de prácticas corruptas