Los fundamentos constitucionales del sistema tributario colombiano se basan en principios de legalidad, equidad, eficiencia y progresividad. La Constitución de 1991 otorga competencias al Congreso y entidades territoriales para imponer tributos, mientras que en situaciones excepcionales, el Gobierno puede ejercer poderes extraordinarios. La equidad y progresividad son esenciales para una distribución justa de las cargas tributarias, y la eficiencia en la recaudación es clave para la gestión de los recursos del Estado.
Mostrar más
La ley debe especificar claramente los sujetos obligados al pago de tributos, los hechos generadores de la obligación tributaria, las bases gravables y las tarifas aplicables
Competencia del Congreso
El Congreso tiene la autoridad para legislar, incluyendo la facultad de definir las rentas nacionales y los gastos del Estado, así como de establecer impuestos
Competencia de las entidades territoriales
Las asambleas departamentales y los concejos municipales tienen la potestad de decretar tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, siempre sujetos a la ley
La Constitución prevé situaciones excepcionales en las que el Gobierno puede ejercer facultades extraordinarias, como la creación o modificación de tributos de manera transitoria para atender una crisis
Las cargas tributarias deben distribuirse de manera justa, teniendo en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes
Los impuestos deben ser proporcionales a la capacidad económica de los contribuyentes, garantizando que aquellos con mayor capacidad contribuyan proporcionalmente más
Las normas fiscales deben ser diseñadas de manera eficiente para reducir distorsiones económicas y costos sociales
El Estado debe recaudar los recursos necesarios de la forma más eficaz posible, incluyendo la responsabilidad del Presidente de asegurar la recaudación y gestión eficiente de las rentas públicas
La ley no puede otorgar exenciones o tratamientos preferenciales en los tributos de las entidades territoriales para proteger su autonomía
La imposición de tributos debe respetar la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno y mantener la equidad entre los contribuyentes