Protección de los Derechos de la Infancia

Orígenes de la Protección de los Derechos de la Infancia

La protección de los derechos de los niños y niñas comenzó a tomar forma con la Declaración de Ginebra de 1924, elaborada por la Sociedad de Naciones. Este documento pionero, aunque no tenía carácter obligatorio, marcó un hito al reconocer la responsabilidad de los adultos en garantizar los derechos de los menores. La Declaración subrayaba la importancia de un desarrollo saludable para los niños, la necesidad de asistencia a los menores en situaciones vulnerables y la protección contra la explotación laboral y otros abusos, estableciendo así un precedente para futuras legislaciones en materia de derechos infantiles.

Evolución de los Derechos Humanos y su Impacto en la Infancia

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, aunque no se centraba exclusivamente en los niños, fue fundamental al afirmar derechos fundamentales aplicables a todas las personas, incluidos los menores. Este documento reconoció la necesidad de una protección especial para la maternidad y la infancia. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos del Niño, que establecía diez principios esenciales para el bienestar de los niños, incluyendo el derecho a la igualdad sin distinción, a la protección especial, a la educación y a ser criado en un ambiente de comprensión y hermandad. Este fue el primer paso hacia un acuerdo vinculante internacional sobre los derechos de la infancia.

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 y ratificada por España al año siguiente, es un tratado internacional que detalla los derechos de los niños y adolescentes en 54 artículos, abarcando aspectos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Basada en principios fundamentales como la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto a las opiniones del niño, la Convención define a los menores como individuos menores de 18 años y establece obligaciones para los Estados Partes para garantizar estos derechos. Además, se complementa con tres protocolos opcionales que tratan temas específicos como la venta de niños, la prostitución infantil, la participación en conflictos armados y un procedimiento de comunicaciones para que los niños puedan presentar quejas ante el Comité de los Derechos del Niño.

La Carta Europea de los Derechos del Niño y la Legislación Española

En Europa, la Carta Europea de los Derechos del Niño de 1992 instó a los Estados miembros a ratificar la Convención de 1989 y estableció principios para la protección de los derechos de los niños dentro de la Comunidad Europea. En España, la Constitución de 1978 protege los derechos de los menores, y la Ley Orgánica 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, refuerza el interés superior del niño, su derecho a ser escuchado y a la defensa legal. Esta ley representa un progreso significativo en la protección de los derechos de los menores en España, alineándose con los estándares internacionales y europeos.

Principios Comunes en la Protección de la Infancia y Adolescencia

Los documentos normativos en el ámbito de la infancia y adolescencia comparten principios clave que orientan la labor de los profesionales. Entre estos principios se encuentran el interés superior del niño, la preferencia de mantener al menor en su entorno familiar, la integración social y familiar, la prevención y sensibilización, la participación y solidaridad social, la seguridad jurídica en la protección de los menores, y la educación como pilar fundamental de las medidas de protección. Se enfatiza la responsabilidad de la sociedad y las autoridades en denunciar situaciones que vulneren los derechos de los menores y en actuar para su protección y bienestar.

Necesidades Básicas en la Infancia y Adolescencia

Para una intervención efectiva con menores en riesgo o en situación de exclusión social, es esencial que los educadores y profesionales del ámbito social conozcan los derechos de la infancia y puedan determinar si sus necesidades básicas están siendo satisfechas. Estas necesidades abarcan aspectos materiales, físicos, educativos, emocionales y afectivos. La carencia en cualquiera de estos aspectos puede obstaculizar el desarrollo óptimo del menor, por lo que es imperativo que los profesionales estén capacitados para identificar y responder ante cualquier déficit que pueda afectar el desarrollo integral y el bienestar de los niños y adolescentes.