El Conflicto Armado en Colombia

El Frente Nacional y los orígenes del conflicto armado (1958-1977)

El Frente Nacional fue un acuerdo político bipartidista en Colombia, vigente entre 1958 y 1974, que buscaba poner fin a la violencia entre liberales y conservadores. Aunque logró cierta estabilidad política, su exclusión de otros grupos políticos y sociales contribuyó al surgimiento de movimientos guerrilleros influenciados por el contexto de la Guerra Fría y las políticas intervencionistas de Estados Unidos en América Latina. Durante este periodo, Colombia experimentó una notable urbanización y crecimiento de la clase media. Sin embargo, las reformas estructurales necesarias para abordar las desigualdades sociales no se llevaron a cabo con éxito, lo que alimentó el descontento en sectores como el estudiantil y el campesino, sentando las bases para lo que se convertiría en un conflicto armado prolongado.

Profundización del descontento y consolidación de actores armados (1978-1991)

Entre 1978 y 1991, el descontento social en Colombia se agravó y los grupos insurgentes se fortalecieron. La respuesta del Estado, influenciada por la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, fue predominantemente militar y represiva. En este contexto, también se intensificó la lucha contra el narcotráfico, cuyos líderes buscaron legitimidad a través de la infiltración en la economía y la política nacional. Los actores principales del conflicto, incluyendo guerrillas, paramilitares, carteles de drogas y el Estado, se definieron claramente durante este tiempo. La economía colombiana se diversificó, pero también se vio afectada por el auge del narcotráfico. La violencia política se incrementó, particularmente con la persecución y el genocidio político de la Unión Patriótica, un partido de izquierda. El periodo culminó con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que buscaba renovar el contrato social y establecer una democracia más inclusiva.

La Constitución de 1991 y el recrudecimiento del conflicto (1991-2002)

La Constitución de 1991 en Colombia representó un avance hacia una democracia más inclusiva y el reconocimiento de derechos. Sin embargo, la violencia se intensificó en respuesta a estos cambios, con actores armados desafiando el nuevo orden. A mediados de los noventa, el conflicto se reconfiguró con desplazamientos masivos y un incremento en la violencia, especialmente por parte de las FARC-EP. A pesar de los altos niveles de violencia, emergió un movimiento social por la paz y se fortalecieron las instituciones de derechos humanos. Los esfuerzos de paz fracasaron y la percepción pública de las FARC-EP como principales responsables de la violencia llevó a un enfoque militarista del conflicto. Durante este tiempo, la influencia de Estados Unidos se consolidó con el Plan Colombia, que, aunque presentado como una estrategia antinarcóticos, tenía un fuerte componente contrainsurgente.

La guerra contra las FARC-EP y el camino hacia la paz (2002-2016)

El periodo de 2002 a 2016 en Colombia se caracterizó por una intensificación del conflicto armado, con una estrategia militar enfocada en desmantelar a las FARC-EP. Los paramilitares también jugaron un papel significativo en la violencia del país. La política de Seguridad Democrática amplió la definición de "enemigo interno", lo que llevó a un aumento de las violaciones a los derechos humanos y cuestionamientos a la legitimidad del Estado. La desmovilización de las AUC y la Ley de Justicia y Paz marcaron pasos hacia la justicia transicional y reconocieron a las víctimas como actores clave. El cambio de gobierno en 2010 fue decisivo para el inicio de negociaciones formales de paz, culminando con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016. Sin embargo, el plebiscito de ese año reflejó una sociedad dividida sobre los términos del acuerdo.

Epílogo: Desafíos de la paz y el posconflicto (2016-presente)

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, Colombia ha enfrentado el reto de consolidar la paz en un contexto de posconflicto marcado por la violencia. La implementación de los acuerdos ha sido desigual y ha revelado la persistencia de las causas estructurales del conflicto. La transición hacia la paz sostenible requiere la inclusión de todos los sectores de la sociedad en los esfuerzos de reconciliación y la atención a las demandas de justicia social y económica. El posconflicto colombiano es un proceso en curso que refleja la complejidad de superar décadas de conflicto y la importancia de un compromiso continuo con la paz y la justicia.