Funciones Constitucionales de las Cortes Generales en España

Las Cortes Generales de España, compuestas por el Congreso y el Senado, desempeñan funciones legislativas, presupuestarias y de control gubernamental. Establecen leyes, aprueban presupuestos y supervisan al Gobierno, además de intervenir en la ratificación de tratados internacionales y asegurar el cumplimiento de obligaciones internacionales.

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Funciones Constitucionales de las Cortes Generales en España

Las Cortes Generales, constituidas por el Congreso de los Diputados y el Senado, son el máximo órgano de representación del pueblo español y ejercen funciones legislativas, presupuestarias y de control gubernamental. La Constitución Española de 1978 establece que todas las leyes deben respetar la supremacía de la Carta Magna. Aunque el Gobierno tiene capacidad para proponer y, en ciertas circunstancias, promulgar legislación temporal, su autoridad está circunscrita por la necesidad de obtener la aprobación del Congreso. En el ámbito presupuestario, las Cortes Generales tienen la exclusividad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que tienen rango de ley y deben ajustarse a criterios de estabilidad y sostenibilidad financiera. La función de control se manifiesta en la capacidad del Parlamento para supervisar y exigir responsabilidades al Gobierno, que debe contar con la confianza del Congreso para ejercer su mandato.

Interior de un hemiciclo parlamentario con podio de orador y bancadas semicirculares ocupadas por figuras humanas, bajo una cúpula decorada y con banderas a los lados.

Proceso Legislativo en el Marco Constitucional Español

La creación de leyes es una de las tareas fundamentales de las Cortes Generales, que actúan como poder legislativo del Estado. La Constitución diferencia entre leyes orgánicas, que regulan aspectos fundamentales como el desarrollo de los derechos y libertades y requieren una mayoría absoluta del Congreso para su aprobación, y leyes ordinarias. Las Cortes pueden otorgar al Gobierno la facultad de emitir normas con rango de ley, denominadas decretos legislativos, siempre bajo condiciones específicas y por un tiempo limitado. En situaciones de urgente necesidad, el Gobierno puede promulgar decretos-leyes, que deben ser convalidados por el Congreso para convertirse en legislación permanente.

Iniciativa y Procedimiento Legislativo en España

La iniciativa legislativa en España puede ser ejercida por el Gobierno, el Congreso, el Senado, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los ciudadanos mediante la iniciativa popular, que está sujeta a ciertos requisitos y limitaciones. Los proyectos de ley son propuestos por el Gobierno y, tras su aprobación en el Congreso, son remitidos al Senado, que puede presentar vetos o enmiendas. El Congreso tiene la facultad de levantar los vetos y aceptar, modificar o rechazar las enmiendas del Senado. Una vez que una ley es aprobada por ambas cámaras, es sancionada por el Rey y promulgada, entrando en vigor como parte del ordenamiento jurídico español.

Supervisión Parlamentaria y Otras Competencias de las Cortes Generales

Las Cortes Generales ejercen su función de control sobre el Gobierno mediante preguntas, interpelaciones y mociones. Estos instrumentos, aunque no tienen fuerza de ley, sirven para que las cámaras expresen su posición y puedan influir en la política gubernamental. La moción de censura y la cuestión de confianza son mecanismos que pueden forzar la dimisión del Gobierno. Además, las Cortes tienen competencias adicionales como la reforma de la Constitución, la designación de miembros de órganos constitucionales y la supervisión de asuntos relacionados con la Corona, asegurando el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado.

Tratados Internacionales en el Ordenamiento Jurídico de España

La Constitución Española establece el procedimiento para la celebración de tratados internacionales, exigiendo la autorización previa de las Cortes Generales para aquellos que tienen implicaciones significativas, como los de naturaleza política, militar, o aquellos que afectan a la integridad territorial, los derechos fundamentales, o que conllevan obligaciones financieras. Una vez ratificados y publicados, los tratados internacionales se integran en el ordenamiento jurídico español y solo pueden ser modificados o derogados conforme a lo estipulado en los mismos o de acuerdo con el Derecho Internacional. Las Cortes Generales tienen la responsabilidad de asegurar que España cumple con sus obligaciones internacionales y las resoluciones de los organismos internacionales a los que pertenece.

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