El Derecho Administrativo establece las bases para la organización y funcionamiento del Estado y sus interacciones con los ciudadanos. Principios como la legalidad, eficacia, eficiencia y calidad son esenciales para una administración efectiva. La ética y la responsabilidad son cruciales en la conducta de los servidores públicos, y se enfatiza la importancia de la juridicidad y la colaboración interinstitucional para una gestión pública transparente y justa.
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El Derecho Administrativo es una rama del Derecho Público que regula la organización, funciones y procedimientos de las entidades del Estado y su relación con los particulares
Legalidad
La legalidad obliga a la administración a actuar conforme a la ley
Eficacia
La eficacia persigue la realización efectiva de los objetivos administrativos
Eficiencia
La eficiencia exige el uso óptimo de los recursos públicos
Calidad
La calidad busca la satisfacción de las necesidades ciudadanas de forma adecuada y en tiempo razonable
La jerarquía normativa asegura el respeto al ordenamiento jurídico
La desconcentración y descentralización promueven una distribución equitativa de competencias y recursos
La coordinación y la colaboración entre entidades previenen la duplicidad de esfuerzos y enriquecen el proceso de toma de decisiones
La participación ciudadana enriquece el proceso de toma de decisiones
La ética y la responsabilidad son esenciales en la conducta de la administración pública y sus servidores
Se asume la buena fe de los funcionarios y los administrados en sus interacciones, y se establece la responsabilidad del Estado por los daños que puedan surgir
Los actos administrativos deben ser proporcionales y está prohibida la arbitrariedad
Se promueve la imparcialidad y la independencia en la toma de decisiones y se extiende la responsabilidad administrativa a los actos ilícitos
La administración pública está sujeta al principio de juridicidad, que la obliga a actuar dentro del marco legal establecido
La discrecionalidad administrativa debe ejercerse de manera justificada y razonable
Los errores cometidos por los servidores públicos no deben perjudicar los derechos de los individuos, garantizando la seguridad jurídica
El procedimiento administrativo está regido por el principio de legalidad y tipicidad