El Derecho Administrativo regula la organización y procedimientos de entidades gubernamentales, enfocándose en la interacción con los ciudadanos y el respeto a los derechos fundamentales. A lo largo de la historia, ha evolucionado desde una extensión del poder monárquico hasta convertirse en un pilar del Estado de Derecho, adaptándose a los cambios sociales y económicos del siglo XX y enfrentando retos contemporáneos como la globalización y la eficiencia en la gestión pública.
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Regula la organización, funciones y procedimientos de las entidades gubernamentales y sus relaciones con los particulares
Principios y estructuras específicas
Establecen los principios y estructuras específicas para la administración pública
Comprende organismos con personalidad jurídica propia responsables de implementar políticas y promover el bienestar colectivo
Surgió como respuesta a la necesidad de un marco legal que regulase la actividad administrativa y protegiera los derechos de los ciudadanos
Renacimiento y emergencia de la burguesía
Influyeron en la consolidación del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales
Principios del derecho natural y revoluciones liberales
Contribuyeron a la limitación del poder monárquico y el fortalecimiento del derecho y la protección de los ciudadanos
Pasó de ser una extensión del poder monárquico a una entidad regida por el derecho y comprometida con el respeto a los derechos fundamentales
Se basó en la soberanía popular, la separación de poderes y la legalidad como principio supremo
Sistema de frenos y contrapesos
Se estableció para garantizar la actuación del Poder Ejecutivo conforme a la ley
Órganos especializados
Se crearon para dirimir litigios administrativos y enfatizar la transparencia y el derecho de defensa en los procedimientos administrativos
La configuración de una administración centralizada y la reforma de su estructura administrativa se basaron en el modelo francés
Se produjo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, que estableció un sistema de control judicial de la actividad administrativa
Se logró con la Constitución de 1978, que fortaleció las garantías de los ciudadanos frente a la administración
Se produjo un aumento en la prestación de servicios públicos y en la regulación de actividades económicas
Se buscó adaptar el derecho administrativo a las exigencias de una sociedad democrática
Se enfatizó en la eficiencia y eficacia en la gestión pública para responder a las demandas de justicia y eficiencia
Se han creado instituciones y fortalecido los procedimientos de revisión judicial para garantizar una tutela efectiva de los derechos y libertades frente a posibles excesos o errores de la administración pública
Se han ampliado los mecanismos de protección de los derechos individuales para afrontar la creciente complejidad de las relaciones entre la administración y los ciudadanos
Han promovido procesos de privatización y una redefinición de las funciones estatales
Ha incentivado la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública
Se debe tener en cuenta el enfoque en la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos fundamentales en la interacción del Estado con el sector privado