La Libertad Contractual en el Marco del Ordenamiento Jurídico

La libertad contractual es esencial en el derecho privado, permitiendo acuerdos entre partes dentro del marco legal y ético. Las normas jurídicas, con estructura bipartita, son coactivas y evolucionan con la sociedad. Las fuentes del Derecho incluyen ley, costumbre y principios generales. La Constitución Española es la base del Estado de Derecho, promoviendo valores como la libertad y la justicia.

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La Libertad Contractual en el Marco del Ordenamiento Jurídico

La libertad contractual es un principio fundamental en el derecho privado, consagrado en el Artículo 1255 del Código Civil español, que otorga a las partes la capacidad de establecer acuerdos y condiciones en sus contratos, siempre y cuando no se opongan a la ley, la moral o el orden público. Este principio refleja la autonomía de la voluntad dentro del Derecho objetivo, que comprende el conjunto de normas que regulan las relaciones sociales y se fundamentan en la justicia y la equidad. El Derecho objetivo no solo se compone de normas escritas, sino también de principios y valores como la buena fe, que son esenciales para la interpretación y aplicación del derecho. La principal función del Derecho es la resolución de conflictos y la regulación de la convivencia social, aunque también desempeña un papel organizativo en la estructura de entidades públicas y privadas.

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Características y Estructura de las Normas Jurídicas

Las normas jurídicas se distinguen por su estructura bipartita, que consta de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho describe una situación que, al producirse, desencadena la aplicación de la consecuencia jurídica establecida por la norma. Un ejemplo es el Artículo 3 del Código de Comercio, que establece la presunción de actividad comercial ante ciertas conductas publicitarias. A diferencia de otras normas sociales o morales, las normas jurídicas poseen un carácter coactivo, ya que su cumplimiento puede ser exigido mediante la fuerza legítima del Estado. Este carácter coactivo es lo que diferencia al Derecho de otros sistemas normativos, como los religiosos o morales, y se basa en la justicia y en un sistema institucionalmente regulado.

Dinamismo y Evolución del Ordenamiento Jurídico

El Derecho es un sistema dinámico que se adapta a las transformaciones sociales y a los cambios históricos. La temporalidad del Derecho se manifiesta en la distinción entre normas vigentes y derogadas, reflejando la necesidad de que el ordenamiento jurídico evolucione con la sociedad. El conjunto de normas jurídicas aplicables en un momento dado constituye el Derecho vigente, lo que resalta la importancia de mantener actualizado el conocimiento legal para su correcta aplicación y para la seguridad jurídica.

Fuentes del Derecho y Proceso Legislativo

Las normas jurídicas provienen de distintas fuentes. El Artículo 1 del Código Civil español identifica como fuentes del Derecho a la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley es la fuente primaria y se refiere a las normas escritas aprobadas por los órganos legislativos del Estado. La costumbre se reconoce como fuente cuando una práctica social reiterada y considerada obligatoria por la comunidad adquiere relevancia jurídica. Los principios generales del Derecho son directrices fundamentales que informan la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas, y sirven para llenar vacíos legales en ausencia de ley o costumbre aplicable.

Principios Rectores y Jerarquía Normativa

El ordenamiento jurídico se sustenta en principios como la publicidad de las normas, la irretroactividad de las leyes y la obligatoriedad de su cumplimiento. Estos principios garantizan que las leyes sean conocidas por los ciudadanos, no afecten situaciones pasadas de manera adversa y sean de acatamiento obligatorio, independientemente del conocimiento individual de las mismas. La jerarquía normativa establece un orden de prelación entre las distintas normas, siendo la Constitución Española de 1978 la norma suprema del ordenamiento jurídico. En caso de conflicto entre normas, prevalecerán aquellas de rango superior.

La Constitución Española y el Estado de Derecho

La Constitución Española de 1978 es la piedra angular del sistema jurídico español, estableciendo los principios fundamentales del Estado y su estructura. Define a España como un Estado social y democrático de Derecho, comprometido con valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La Constitución garantiza la separación de poderes y confiere al Tribunal Constitucional la función de velar por su supremacía y por el respeto a los derechos fundamentales. Como Estado social, busca promover el bienestar y la igualdad de oportunidades, y como Estado democrático, se basa en la soberanía del pueblo y en la elección de representantes mediante procesos electorales libres y justos.

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