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La libertad contractual es esencial en el derecho privado, permitiendo acuerdos entre partes dentro del marco legal y ético. Las normas jurídicas, con estructura bipartita, son coactivas y evolucionan con la sociedad. Las fuentes del Derecho incluyen ley, costumbre y principios generales. La Constitución Española es la base del Estado de Derecho, promoviendo valores como la libertad y la justicia.
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La libertad contractual es un principio fundamental en el derecho privado que otorga a las partes la capacidad de establecer acuerdos y condiciones en sus contratos
La libertad contractual refleja la autonomía de la voluntad dentro del Derecho objetivo, que se fundamenta en la justicia y la equidad
La principal función del Derecho es la resolución de conflictos y la regulación de la convivencia social, además de su papel organizativo en la estructura de entidades públicas y privadas
Las normas jurídicas se distinguen por su estructura bipartita, que consta de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica
A diferencia de otras normas sociales o morales, las normas jurídicas poseen un carácter coactivo que se basa en la justicia y en un sistema institucionalmente regulado
El Derecho es un sistema dinámico que se adapta a las transformaciones sociales y a los cambios históricos, reflejado en la distinción entre normas vigentes y derogadas
Las fuentes del Derecho incluyen la ley, la costumbre y los principios generales del derecho
La ley es la fuente primaria del Derecho y se refiere a las normas escritas aprobadas por los órganos legislativos del Estado
Los principios generales del Derecho son directrices fundamentales que informan la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas
El ordenamiento jurídico se sustenta en principios como la publicidad de las normas, la irretroactividad de las leyes y la obligatoriedad de su cumplimiento
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico y en caso de conflicto entre normas, prevalecerán aquellas de rango superior
La Constitución Española de 1978 es la piedra angular del sistema jurídico español, estableciendo los principios fundamentales del Estado y su estructura
La Constitución define a España como un Estado social y democrático de Derecho, comprometido con valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
La Constitución garantiza la separación de poderes y confiere al Tribunal Constitucional la función de velar por su supremacía y por el respeto a los derechos fundamentales