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La Ley General Presupuestaria de España establece el marco para la gestión financiera del sector público estatal, incluyendo la Administración General del Estado y entidades como organismos autónomos y sociedades estatales. Regula la contabilidad, fiscalización y control económico-financiero, asegurando transparencia y eficiencia en el uso de fondos estatales. La ley también dicta el régimen jurídico y las especialidades del sector, así como los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública estatal, incluyendo prerrogativas en la cobranza de derechos públicos.
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Regular de manera integral el sistema presupuestario, la contabilidad, la fiscalización y el control económico-financiero del sector público estatal
Garantizar una gestión pública eficaz, responsable y transparente, asegurando el correcto uso de los fondos estatales y la rendición de cuentas ante la ciudadanía
Actualizada hasta el 24 de diciembre de 2022
Se divide en la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal
Organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones públicas, fondos sin personalidad jurídica, universidades públicas no transferidas y entidades de la Seguridad Social
Administrar los recursos públicos de acuerdo con las competencias y funciones que les son asignadas por la legislación, contribuyendo al progreso socioeconómico del país
Sector público administrativo, sector público empresarial y sector público fundacional
Cada sector desempeña roles distintos en la administración de los servicios y recursos públicos, con objetivos y regímenes de funcionamiento específicos
Cada sector tiene competencias y funciones específicas en la administración de los recursos públicos
Dicta el régimen económico-financiero del sector público estatal
Reconoce la existencia de legislaciones especiales y normativas de la Unión Europea que pueden establecer disposiciones concretas
Sistema tributario, Seguridad Social, patrimonio estatal, relaciones financieras con comunidades autónomas y entidades locales, haciendas locales, subvenciones y contratación pública
Se compone de los derechos y obligaciones económicas de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos
Derechos públicos y privados
Encomendada principalmente al Ministerio de Hacienda y a los organismos autónomos, con posibilidad de delegación en otras entidades del sector público
Prohibición de enajenación, gravamen o arrendamiento sin fundamento legal, así como exenciones, condonaciones o moratorias sin base legal
La Hacienda Pública posee prerrogativas para ejercer acciones judiciales en defensa de sus derechos, con autorización de los órganos competentes
Esencial para asegurar la efectividad en la gestión y recaudación de los créditos estatales