Opciones del Empleador ante un Despido Declarado Improcedente

Cálculo de la Indemnización por Despido Improcedente

La indemnización por despido improcedente se determina en función de 33 días de salario por cada año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año, y con un límite máximo de 24 mensualidades. Esta fórmula se aplica a los contratos firmados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012. Para los contratos antiguos, se contabilizan 45 días de salario por año de servicio hasta el 12 de febrero de 2012, y 33 días a partir de esa fecha, con un tope de 720 días de salario, a menos que el cálculo para el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 arroje un número mayor, en cuyo caso se aplicará ese número como máximo, sin que pueda exceder de 42 mensualidades. El salario a considerar para el cálculo de la indemnización será el correspondiente al trabajador en el momento del despido, ya sea el legal o convencionalmente establecido o el realmente percibido si es superior.

Compatibilidad de la Indemnización por Despido con Otros Ingresos

La indemnización recibida por un despido improcedente es compatible con otros ingresos que el trabajador pueda percibir, como pueden ser los salarios por trabajar en otra empresa o las prestaciones por desempleo. Además, esta indemnización está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta un límite legalmente establecido. En los casos de despidos colectivos o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la exención alcanza hasta la cuantía que correspondería por un despido improcedente, aunque no puede superar los 180.000 euros.

Procedimiento para la Impugnación de un Despido

El trabajador que considere que su despido no está justificado tiene la opción de impugnarlo ante el orden jurisdiccional social. Para ello, debe presentar la demanda dentro de un plazo de caducidad de 20 días hábiles contados desde la fecha del despido. Antes de la presentación de la demanda, es preceptivo realizar un acto de conciliación o, en su defecto, una mediación, en el caso de empresas privadas, o una reclamación administrativa previa si se trata de entidades públicas. Estos actos previos interrumpen el plazo de caducidad hasta su finalización. Si no se llega a un acuerdo, el trabajador debe presentar la demanda ante el juzgado de lo social, dando inicio al proceso que determinará la calificación del despido.

Calificaciones Judiciales del Despido y sus Consecuencias

Un despido puede ser calificado por los tribunales como procedente, improcedente o nulo. Un despido procedente no conlleva indemnización ni readmisión, aunque el trabajador puede acceder a las prestaciones por desempleo. Un despido improcedente abre la posibilidad de readmisión o indemnización, y en ciertos casos, puede acarrear sanciones adicionales. Un despido nulo implica la vulneración de derechos fundamentales o de libertades públicas, obligando a la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir. Cada calificación tiene implicaciones distintas en cuanto a las prestaciones por desempleo y las responsabilidades del empleador respecto a los salarios de tramitación y las cotizaciones a la seguridad social.