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La clasificación de infracciones penales en delitos y contravenciones, y la amplia definición de servidor público en derecho penal, son cruciales para entender la responsabilidad legal. Se abordan las diferencias entre conductas dolosas, culposas y preterintencionales, así como la responsabilidad por acción y omisión. Además, se explica la temporalidad de la conducta punible, la tentativa, la autoría y participación en delitos, el concurso de delitos y las eximentes de responsabilidad penal.
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Los delitos son transgresiones graves que acarrean penas significativas, como la privación de libertad
Las contravenciones son faltas menores que generalmente resultan en sanciones más leves, como multas o amonestaciones
La diferenciación entre delitos y contravenciones es esencial para comprender la estructura del sistema penal y las repercusiones legales que conlleva cada categoría de infracción
El concepto de servidor público en el ámbito penal abarca a empleados gubernamentales, individuos en corporaciones públicas, entidades descentralizadas, miembros de las fuerzas armadas y personas que desempeñan funciones públicas temporal o permanentemente
El concepto de servidor público en derecho penal también incluye a funcionarios del Banco de la República y a quienes gestionan fondos públicos, ampliando así el rango de sujetos responsables penalmente por delitos en el ejercicio de funciones públicas
La extensión del concepto de servidor público en derecho penal abarca a diversas posiciones y funciones, lo que amplía el alcance de la responsabilidad penal en casos de delitos cometidos por estos sujetos
Una conducta es dolosa cuando hay intención de cometer el acto ilícito
La culpa implica negligencia o imprudencia, con un resultado dañino previsible que no fue intencionado
La preterintención se da cuando el resultado, aunque previsible, supera la intención original del agente
La ley restringe la punibilidad de la culpa y la preterintención a los casos expresamente previstos por la ley
La responsabilidad penal puede derivarse de acciones directas o mediante terceros
La responsabilidad penal por omisión se da cuando el sujeto, teniendo el deber jurídico de actuar para evitar un daño, no lo hace pudiendo hacerlo
La responsabilidad penal por omisión es relevante para quienes tienen la obligación de proteger un bien jurídico o controlar una fuente de riesgo, como en el caso de funcionarios públicos
La ley especifica ciertas posiciones de garantía, como la protección voluntaria o la creación de un riesgo, y restringe su aplicación a delitos contra la vida, la libertad y la integridad sexual