Condiciones para el Uso de Armas de Fuego
El uso de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser una medida excepcional y regulada estrictamente. Se permite su empleo únicamente en situaciones críticas, como la defensa propia o de terceros frente a un peligro inminente de muerte o lesiones graves, para prevenir delitos que pongan en riesgo la vida, o para detener a una persona que represente un peligro y que resista la autoridad o intente huir. Incluso en estos escenarios, el uso de armas letales debe ser considerado como un último recurso y solo cuando sea estrictamente necesario para proteger vidas humanas.Procedimientos de Identificación y Advertencia Previos al Uso de Armas
Antes de hacer uso de armas de fuego, los funcionarios deben identificarse adecuadamente y emitir una advertencia clara de su intención de usar dichas armas, proporcionando tiempo suficiente para que la advertencia sea considerada, salvo en circunstancias donde tal acción pueda incrementar el riesgo para la vida de los funcionarios o de terceros. Es esencial establecer un sistema de reportes riguroso para documentar cualquier incidente en el que se utilicen armas de fuego por parte de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.Ética Profesional y Respeto a los Derechos Humanos
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley recalca la necesidad de actuar conforme a la ley, proteger a la comunidad y respetar los derechos humanos. Los funcionarios deben recurrir al uso de la fuerza solo cuando sea absolutamente necesario y manejar la información con la máxima confidencialidad. Está estrictamente prohibido cometer, instigar o tolerar cualquier acto de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, sin excepción alguna.Responsabilidad y Representatividad en el Sistema de Justicia Penal
Los organismos del sistema de justicia penal deben ser representativos de la diversidad de la comunidad a la que sirven, y deben rendir cuentas ante ella. La efectividad de las normas éticas y la aceptación de las leyes por parte de la población son esenciales para la prevención del delito y la lucha contra la criminalidad. Se subraya la importancia de la autodisciplina y la transparencia de los organismos de aplicación de la ley, así como la relevancia de la educación y la formación continua para comprender y aplicar adecuadamente estas normativas.