El derecho a la defensa y las garantías procesales son esenciales en el sistema de justicia penal. Se garantiza la asistencia legal y la información adecuada tanto para el acusado como para la víctima. Además, se establecen criterios para la competencia territorial y se protege la libertad de expresión, asegurando un juicio justo y seguro.
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El derecho a la defensa es un principio fundamental en el sistema de justicia penal, garantizado a todo acusado desde el momento de su detención y a lo largo de todo el proceso judicial
El derecho a la defensa es inalienable y debe ser garantizado a todo acusado desde el momento de su detención y a lo largo de todo el proceso judicial
La asistencia de un defensor, quien debe ser un profesional del derecho con cédula profesional, es un requisito esencial para la defensa técnica en el sistema de justicia penal
El imputado puede elegir a su propio defensor o se le asignará uno de oficio si no puede permitirse uno privado
El imputado tiene la libertad de realizar actos de defensa por sí mismo en el sistema de justicia penal
La víctima o el ofendido tiene derecho a asesoramiento jurídico gratuito en cualquier etapa del proceso en el sistema de justicia penal
El órgano jurisdiccional tiene la obligación de velar por una defensa adecuada y técnica en el sistema de justicia penal, garantizando la igualdad de condiciones para todas las partes involucradas
El Código Nacional de Procedimientos Penales asegura que tanto el imputado como la víctima o el ofendido sean debidamente informados de sus derechos en el sistema de justicia penal
El Código Nacional de Procedimientos Penales protege la libertad personal, estableciendo que nadie puede ser privado de ella salvo por mandato de una autoridad judicial competente y en las circunstancias previstas por la ley
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Asistencia de defensor con cédula profesional
Todo acusado debe contar con un defensor que sea abogado titulado para la defensa técnica.
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Elección o asignación de defensor
El imputado puede elegir su defensor o se le asignará uno de oficio si no tiene recursos para uno privado.
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Derecho a asesoramiento jurídico gratuito para la víctima
La víctima tiene derecho a recibir asesoría legal sin costo en cualquier etapa del proceso judicial.
