Los procedimientos de impugnación en el derecho administrativo ofrecen a los ciudadanos herramientas para defender sus derechos frente a actos administrativos. Los recursos administrativos, como el de alzada, reposición y revisión, permiten la anulación o modificación de decisiones de la Administración Pública. Además, la vía contencioso-administrativa posibilita la revisión judicial de dichos actos, siendo un paso posterior al agotamiento de la vía administrativa. Estos mecanismos son esenciales para garantizar la legalidad y proteger a los individuos de posibles arbitrariedades.
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Permite presentar recursos dentro de la misma estructura administrativa que emitió el acto
Implica llevar la impugnación ante órganos judiciales especializados en la materia
Protegen los derechos de los ciudadanos y pueden ser una obligación previa antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa
Recurso de alzada
Se interpone ante el órgano superior jerárquico buscando la revisión y eventual revocación del acto impugnado
Recurso potestativo de reposición
Se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto original solicitando su reconsideración
Recurso de revisión
Permite impugnar actos administrativos que han adquirido firmeza basándose en motivos legalmente establecidos
Regulados por normativas sectoriales y su procedencia y regulación dependen de la materia específica y de la legislación de cada administración
Implica la interposición del recurso de alzada y, en caso de desestimación, la posibilidad de recurrir en la vía judicial
Presentar directamente el recurso contencioso-administrativo o interponer el recurso potestativo de reposición y, tras su desestimación, acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa