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Los principios constitucionales de la legislación tributaria en Colombia garantizan la seguridad jurídica y protegen los derechos de los contribuyentes. Estos principios incluyen la irretroactividad de las leyes, el debido proceso en la administración de justicia y la aplicación preferente de normas tributarias favorables. La Constitución Política de Colombia establece que solo el Congreso y entidades territoriales pueden imponer contribuciones, asegurando así la equidad y justicia fiscal.
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La Constitución Política de Colombia establece que la imposición de contribuciones fiscales o parafiscales en tiempo de paz es una competencia exclusiva del Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales
Periodo fiscal subsiguiente a su promulgación
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que crean o modifican tributos basados en hechos generadores ocurridos durante un período fiscal determinado solo pueden tener efecto a partir del período fiscal subsiguiente a su promulgación
Protección a los contribuyentes de alteraciones imprevistas en la legislación tributaria
La normativa protege a los contribuyentes de alteraciones imprevistas en la legislación tributaria, proporcionando seguridad jurídica y previniendo la aplicación retroactiva de las normas fiscales que podrían resultar en perjuicios
La jurisprudencia reconoce que, en casos de normativas más favorables al contribuyente, se permite su aplicación desde la fecha de su promulgación hasta el cierre del período fiscal correspondiente, sin violar la Constitución
El principio de irretroactividad, que impide la aplicación de leyes con efectos retroactivos perjudiciales, tiene sus raíces en el derecho romano y es ampliamente aceptado a nivel internacional
El propósito del principio de irretroactividad es garantizar la estabilidad y previsibilidad del ordenamiento jurídico, permitiendo a los ciudadanos confiar en la legislación vigente para la realización de sus actividades económicas y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
La irretroactividad de rango constitucional ofrece una protección más robusta y duradera que la irretroactividad legislativa, asegurando una mayor estabilidad y predictibilidad en la aplicación de las normas tributarias
La irretroactividad es clave para preservar la seguridad jurídica, evitando la alteración de situaciones jurídicas consolidadas
La retroactividad puede ser aplicada cuando favorece al sujeto de derecho y al interés general, salvaguardando la confianza de los ciudadanos en el sistema legal
La irretroactividad de rango constitucional impone restricciones que se mantienen mientras la Constitución esté en vigor, ofreciendo así una protección más duradera
El principio del debido proceso, garantizado por la Constitución Política de Colombia, se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas, asegurando la protección de los derechos de los individuos
En materia penal, se aplica la ley penal más favorable al reo, incluso si es posterior a la ley restrictiva o desfavorable
Se presume la inocencia de toda persona hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio, y se garantizan derechos como la defensa, un juicio público sin dilaciones injustificadas, la presentación y contradicción de pruebas, la impugnación de sentencias condenatorias y el principio non bis in idem