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La Constitución Española de 1978 establece los derechos y deberes fundamentales, como la defensa de España y el deber de contribuir a los gastos públicos. Incluye principios de política social y económica, protección de derechos y libertades, y mecanismos para su reforma. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo son figuras clave en la garantía y supervisión de estos derechos.
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Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de defender a España
Los ciudadanos tienen el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
Los ciudadanos tienen el derecho al matrimonio en condiciones de igualdad jurídica
Los ciudadanos tienen el derecho a la propiedad privada
Los ciudadanos tienen el derecho a la herencia
Los ciudadanos tienen el derecho de elegir libremente su profesión
Los ciudadanos tienen la posibilidad de promocionar en su trabajo
Los ciudadanos tienen derecho a una remuneración adecuada por su trabajo
Se promueve la protección de la familia
Se promueve la protección de los menores
Se promueve el progreso social y económico
Se garantiza la Seguridad Social
Se protegen los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero
Los poderes públicos deben respetar los derechos y libertades
El ejercicio de los derechos y libertades se regula por ley
Se protege el contenido esencial de los derechos y libertades
Los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos ante los Tribunales ordinarios
Los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
La suspensión de los derechos fundamentales está permitida en situaciones excepcionales
La suspensión de los derechos fundamentales debe ser proporcional a la situación que la motive
El Tribunal Constitucional vela por el cumplimiento de la Constitución y sus fallos son inapelables y vinculantes en todo el territorio nacional
El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey
El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales para la defensa de los derechos consagrados en la Constitución
El Defensor del Pueblo puede supervisar la actividad administrativa y presentar recursos de inconstitucionalidad y de amparo
Las reformas parciales requieren una mayoría de tres quintos en ambas cámaras del Congreso
Las reformas totales o que afecten a partes fundamentales requieren una mayoría de dos tercios, seguida de la disolución de las Cortes y una nueva aprobación por las cámaras recién electas
Las reformas totales exigen un referéndum obligatorio
Las reformas parciales requieren un referéndum solo si lo solicita un número significativo de miembros del Congreso o del Senado