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La Ley de Subvenciones regula la concesión de ayudas económicas del sector público en España, excluyendo ciertas transferencias y prestaciones sociales. Se rige por principios de publicidad y transparencia, aplicándose a entidades estatales y locales, y se ajusta a normativas europeas en caso de fondos de la UE. Incluye excepciones para premios y financiación política.
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La Ley de Subvenciones regula la concesión de ayudas económicas por parte de entidades del sector público
La finalidad de la Ley de Subvenciones es garantizar la objetividad y transparencia en la concesión de ayudas económicas para actividades de interés general o social
Para acceder a las subvenciones, los solicitantes deben cumplir con requisitos y compromisos materiales y formales establecidos por la ley
La Ley de Subvenciones no abarca todas las transferencias financieras del sector público, excluyendo operaciones entre entidades públicas y ciertas prestaciones sociales y fiscales
La ley se aplica a la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos públicos vinculados, asegurando un marco regulado para la distribución de recursos públicos
La gestión de subvenciones se rige por principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación
La Ley de Subvenciones y sus reglamentos de desarrollo son aplicables en la gestión de subvenciones, y en ausencia de normativa administrativa específica, se aplicarán normas del derecho privado
Las subvenciones financiadas con fondos de la Unión Europea deben cumplir con normativas europeas y nacionales aplicables
En ausencia de normas europeas directamente aplicables, se recurrirá a la Ley de Subvenciones nacional como referencia subsidiaria para asegurar coherencia con los objetivos de la Unión Europea
Las entidades gestoras de fondos europeos asumen responsabilidades financieras y de control en su administración, respondiendo ante decisiones de órganos europeos y ajustando pagos futuros en caso de irregularidades financieras
La Ley de Subvenciones contempla excepciones en su aplicación, como premios concedidos de oficio, ayudas electorales, financiación de partidos políticos y asignaciones a grupos parlamentarios o políticos
Estas excepciones permiten que la ley se enfoque en aquellas subvenciones que requieren un control y gestión detallados bajo el marco jurídico establecido