Transición del Estado Liberal al Estado Social y su Influencia en el Derecho Penal

Transición del Estado Liberal al Estado Social y su Influencia en el Derecho Penal

Durante el siglo XIX, el Estado liberal se caracterizó por su limitada intervención en la economía y la sociedad, confiando en la autorregulación del mercado. Sin embargo, esta postura resultó insuficiente para abordar las crecientes desigualdades sociales y económicas. En respuesta, surgió el Estado social, que, manteniendo los principios del Estado de Derecho, asumió un papel más activo en la redistribución de la riqueza y la provisión de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Este cambio paradigmático se reflejó en el Derecho Penal, que amplió su protección más allá de los bienes jurídicos individuales, como la vida y la propiedad, para incluir bienes jurídicos supraindividuales, tales como el medio ambiente y la salud pública, que son esenciales para el bienestar colectivo.

Protección de Bienes Jurídicos Supraindividuales en el Marco del Estado Social

La evolución hacia el Estado social dio lugar a la tipificación de nuevos delitos que reflejan la protección de bienes jurídicos supraindividuales. Los delitos ambientales son un claro ejemplo, surgiendo como respuesta a los problemas derivados de la industrialización, como la contaminación y el cambio climático. A diferencia del enfoque liberal, que priorizaba la libertad de mercado y la productividad, el Estado social promueve un desarrollo sostenible que equilibra el crecimiento económico con la protección ambiental. El Derecho Penal se adapta a esta nueva realidad, sancionando conductas que perjudican el interés colectivo, como la contaminación industrial grave y la defraudación fiscal, que comprometen los recursos destinados a políticas de bienestar social.

La Actuación Estatal en la Salud Pública y la Protección Ambiental

El Estado social se distingue del liberal por su enfoque proactivo en la protección de la salud pública, no limitándose a la salud individual. Así, el tráfico y la distribución de sustancias nocivas, como drogas y estupefacientes, que pueden comprometer la salud colectiva, son objeto de severas penalizaciones. Este enfoque se extiende a la protección del medio ambiente y otros bienes colectivos, utilizando el Derecho Penal como instrumento para prohibir y sancionar acciones que amenacen estos bienes. De esta forma, el Estado social subraya su compromiso con la protección de la salud pública y el medio ambiente, priorizando el bienestar colectivo sobre los intereses económicos individuales.

Retos en la Persecución de Delitos de Carácter Colectivo

Los delitos que atentan contra bienes jurídicos supraindividuales, como el medio ambiente o la salud pública, a menudo se consideran "delitos sin víctima" porque el daño se dispersa entre la comunidad. Esto presenta retos significativos en su persecución, ya que la falta de una víctima individual puede limitar la acción penal a organismos estatales como el Ministerio Fiscal. No obstante, en algunos ordenamientos jurídicos, como el español, la acción popular permite a cualquier ciudadano o asociación ejercer la acción penal, independientemente de su relación con el delito. Esto facilita la superación de los obstáculos que pueden surgir cuando los intereses políticos del gobierno se contraponen a los de la justicia, garantizando así una adecuada protección de los bienes jurídicos supraindividuales.