Los principios constitucionales de Colombia son la base de la administración pública y el derecho administrativo, destacando la protección de derechos, la responsabilidad estatal, la separación de poderes y la carrera administrativa. Se enfatiza en la planeación y legalidad del gasto público, el acceso universal a servicios y el rol interventor del Estado en la economía.
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La administración pública puede expropiar bienes por razones de utilidad pública o interés social, siempre y cuando se otorgue una justa compensación
Bienes de uso público
Los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y es deber del Estado protegerlos y conservarlos para las generaciones presentes y futuras
Patrimonio cultural de la Nación
El patrimonio cultural de la Nación es inalienable, imprescriptible e inembargable, y es deber del Estado protegerlo y conservarlo para las generaciones presentes y futuras
La administración pública está obligada a respetar los derechos adquiridos por los individuos reconocidos por la ley
El Estado y sus servidores están obligados a reparar cualquier daño antijurídico causado por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones
La Constitución establece una clara división de funciones entre las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, así como otros órganos autónomos, con el objetivo de lograr los fines del Estado
A pesar de la división de funciones, la Constitución promueve una colaboración armónica entre las distintas ramas y órganos del poder público para lograr los fines del Estado
El acceso a los cargos públicos se realiza mediante concursos que aseguran la idoneidad de los aspirantes, promoviendo la eficiencia y la profesionalización del servicio público
Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
La función administrativa se rige por principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que buscan garantizar una gestión pública transparente y al servicio de la ciudadanía
Regulación por estatutos legales
Estos principios son regulados por estatutos legales que buscan asegurar una gestión pública transparente y al servicio de la ciudadanía
Control judicial especializado
El control judicial especializado es uno de los mecanismos de control sobre la actividad administrativa, que permite a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil ejercer vigilancia sobre la gestión pública
Control disciplinario y fiscal
El control disciplinario y fiscal son otros mecanismos de control sobre la actividad administrativa, que buscan garantizar la responsabilidad de los servidores públicos
Control ciudadano
El control ciudadano permite a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil participar en la vigilancia y toma de decisiones sobre la gestión pública
La Constitución promueve la participación ciudadana en la gestión pública, permitiendo a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil ejercer vigilancia y participar en la toma de decisiones
00
Principio de expropiación
Permite al Estado adquirir propiedad privada por utilidad pública o interés social con justa compensación.
01
Inalienabilidad de bienes públicos
Bienes de uso público y patrimonio cultural no pueden ser vendidos ni transferidos.
02
Deber del Estado en protección de bienes
Estado obligado a conservar bienes públicos y culturales para el disfrute de futuras generaciones.
