La pobreza en Colombia es un desafío multifacético que afecta a mujeres jefas de hogar, agricultores rurales y adultos mayores. Estos grupos buscan mejorar su calidad de vida a través de la independencia económica, políticas agrarias justas y garantías de cuidado. La Constitución apoya estos esfuerzos con principios de igualdad y protección de derechos socioeconómicos.
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La pobreza afecta a mujeres jefas de hogar, agricultores de zonas rurales y adultos mayores
Doble carga de las mujeres jefas de hogar
Las mujeres jefas de hogar enfrentan la responsabilidad de proveer sustento económico y cuidar de sus familias
Volatilidad de precios y falta de acceso a mercados para agricultores de zonas rurales
Los agricultores de zonas rurales luchan contra la inestabilidad de los precios y la falta de acceso a mercados
Necesidad de sistemas de apoyo para adultos mayores
Los adultos mayores requieren de sistemas de apoyo que les aseguren una vejez digna y acceso a servicios básicos de salud y bienestar
Los afectados por la pobreza buscan mejorar su calidad de vida
Independencia económica para madres cabeza de familia
Las madres cabeza de familia aspiran a lograr independencia económica para ofrecer un futuro mejor a sus hijos
Garantías de cuidado y respeto para adultos mayores
Los adultos mayores buscan garantías de cuidado y respeto a sus derechos fundamentales en sus últimos años
Políticas agrarias justas para agricultores
Los agricultores requieren de políticas agrarias que les proporcionen precios justos por sus productos y fomenten su integración en planes de desarrollo económico
La Constitución Política de Colombia establece principios y mandatos que contribuyen a la reducción de la pobreza y protección de derechos socioeconómicos
El Estado colombiano se define como social de derecho, con un compromiso hacia la igualdad y la no discriminación
Los objetivos del Estado incluyen servir a la comunidad, fomentar la prosperidad, proteger a las personas en situación de debilidad y garantizar la seguridad social y el acceso a la salud
La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, lo que obliga al Estado a promover políticas de vivienda asequible y adecuada
El sistema judicial ofrece una vía para que los afectados presenten casos de violaciones a derechos fundamentales y promuevan reformas y políticas de alivio a la pobreza
La implementación de políticas sociales inclusivas es esencial para asegurar la equidad y el acceso universal a servicios básicos
La participación ciudadana fomenta la implicación de la sociedad civil en la creación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y exige transparencia y rendición de cuentas a los líderes políticos