El Derecho de Petición y su Extensión a Entidades Privadas
El derecho de petición es una herramienta democrática que permite a los ciudadanos solicitar información o expresar inquietudes a las autoridades gubernamentales. Este derecho se ha extendido para incluir el derecho a peticionar ante entidades privadas que gestionan servicios públicos, ampliando la capacidad de los ciudadanos para exigir transparencia y rendición de cuentas en un rango más amplio de situaciones que afectan sus derechos fundamentales.Libertad de Movilización y Protección de los Derechos Laborales
La libertad de movilización garantiza el derecho de los individuos a viajar y residir libremente dentro de un país. En el contexto laboral, el derecho al trabajo es reconocido como un aspecto esencial de la dignidad humana y debe ser protegido por el Estado. Las condiciones laborales deben ser justas y equitativas, y se deben prevenir prácticas como la servidumbre y el maltrato laboral. El Estado debe garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso para todos los trabajadores.Libertad de Elección Profesional y Regulación de Colegios Profesionales
La libertad de elección de profesión u oficio es un derecho humano que permite a las personas decidir su camino profesional sin coacción. Los colegios profesionales, organizados democráticamente, pueden ser regulados por el Estado y desempeñar funciones públicas, asegurando así que las profesiones cumplan con estándares éticos y de calidad. La regulación estatal de estas entidades contribuye a la protección del interés público y al mantenimiento de la integridad profesional.Derechos de Reunión y Asociación
Los derechos de reunión y asociación son fundamentales para la expresión colectiva y la organización social. El derecho de reunión permite manifestaciones pacíficas y puede ser regulado por la ley en ciertas circunstancias. Por otro lado, el derecho de asociación incluye la formación de sindicatos y otras organizaciones, que pueden obtener reconocimiento legal y cuya disolución solo puede ser determinada judicialmente. Estos derechos son esenciales para la libertad sindical y la protección de los intereses de los trabajadores.Expansión de los Derechos Políticos
Los derechos políticos se han ampliado para incluir una mayor participación ciudadana en procesos democráticos como elecciones, referendos y la posibilidad de revocar mandatos de funcionarios públicos incumplidores. La soberanía reside en el pueblo, y se facilita la iniciativa legislativa ciudadana, lo que refuerza una democracia más inclusiva y directa. Estas medidas promueven la responsabilidad política y la participación activa en la gobernanza.Protección Integral de la Familia, la Infancia y la Juventud
La familia, reconocida como el pilar de la sociedad, recibe protección especial en sus diversas formas, incluyendo las uniones de hecho. Se otorga atención prioritaria a la protección de la madre, los niños y los jóvenes, asegurando su desarrollo integral y su participación activa en la sociedad. Los derechos de los niños prevalecen sobre otros derechos, y se promueven políticas para evitar la marginalización juvenil, reconociendo su papel vital en el futuro del país.Derechos Sociales, Económicos y Culturales
Los derechos sociales, económicos y culturales son esenciales para el bienestar y el desarrollo humano y requieren la intervención activa del Estado. Estos incluyen el derecho a la salud, la vivienda adecuada, condiciones laborales dignas, seguridad social, y el acceso a la cultura, el conocimiento y la tecnología. La propiedad privada, protegida por la ley, debe cumplir una función social y ecológica. La expropiación es una herramienta legal que debe ser justa, proporcionada y siempre sujeta a indemnización y revisión judicial.Promoción de la Cultura Política y Cívica
El Estado tiene la responsabilidad de fomentar la cultura política y cívica, educando a los ciudadanos sobre la Constitución y los principios democráticos. La inclusión de la educación cívica en los programas escolares y la promoción de la participación ciudadana son fundamentales para el desarrollo de una sociedad informada y comprometida con su sistema político y social, y para la construcción de una democracia participativa y robusta.